El consenso en los ayuntamientos de la región respecto a la privatización del Canal de Isabel II que llevará a cabo Esperanza Aguirre es cada vez mayor. Según ha indicado fuentes sindicales a EL BOLETÍN, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha logrado que los municipios que representan al 80% de la población acepten las condiciones de este proyecto.
Los consistorios madrileños han visto en la privatización del Canal una buena oportunidad de negocio tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Al menos así se desprende de las condiciones acordadas con la Comunidad para consentir los deseos de Aguirre de dejar un 49% del capital de la compañía hidrológica en manos privadas.
Las fuentes consultadas por este diario han asegurado que el Ejecutivo regional dará al Ayuntamiento de Madrid y a los Gobiernos municipales un 19% de las acciones que ponga a la venta, lo que reportará beneficios aún sin cuantificar de forma oficial, pero que se baraja sean grandes ya que el valor del Canal podría rondar los 2.000 millones de euros.
No obstante, y a pesar de que el agua, un recurso esencial para la población, no dejará de dar ingresos, no todos los municipios se han adscrito al proyecto de la ‘lideresa’. Uno de ellos, ha avanzado Andrés Muñoz, portavoz de UGT en el Canal, en San Fernando de Henares, que se encuentra inmerso en una “inseguridad” muy grande porque se desconoce quién abastecerá a los ciudadanos cuando se produzca la privatización.
Este proceso, según avanzó ayer Ignacio González, número dos de Esperanza Aguirre y máximo responsable del Canal, podría cerrarse antes del verano, ya que las negociaciones están muy avanzadas. Sin embargo, los sindicatos se quejan de que “no informa de nada” y que sólo les comunica que “los trámites siguen su curso normal”.
Así lo han asegurado fuentes de CCOO a este diario tras la reunión del Consejo de Administración que ha tenido lugar esta mañana, y en la que González no ha confirmado ni e porcentaje que finalmente saldrá a la venta ni cuáles son los ‘socios’ con los que está negociando la Comunidad.
Tras esta misma reunión, el portavoz de UGT ha indicado que la privatización es un “engaño a los ciudadanos”. Según Muñoz, Aguirre aseguró en 2008 que este proceso se llevaría a cabo con el objetivo de que los ciudadanos adquiriesen las participaciones a la venta, y ahora está negociando con grupos inversores.
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