El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, vuelve a navegar en aguas revueltas. Tras el motín iniciado hace dos semanas por 13 ex diputados autonómicos del partido que reclamaban una indemnización de más de 700.000 euros, el secretario general del PSM deberá enfrentarse ahora a la demanda interpuesta por nueve ex trabajadores de la federación, en la que acusan a la dirección de acoso laboral, que fueron despedidos el pasado mes de julio.
Las crisis internas del PSM vuelven, como el turrón, por Navidad. Los problemas por los que atraviesa el partido en Madrid han vuelto a quedar en evidencia con el último movimiento realizado por el sector más crítico con Tomás Gómez. Nueve trabajadores que fueron despedidos por la federación hace seis meses han demandado al partido porque creen que su destitución tuvo que ver con el hecho de que apoyaron la candidatura de Trinidad Jiménez en las primarias que celebraron los socialistas madrileños hace un año.
Según ha explicado Jesús Molinera, el abogado que representa a cinco de estos nueve trabajadores, que han reclamado una compensación económica de 60.000 euros por daños y perjuicios a la dirección del PSM, los ex empleados sufrieron el acoso laboral con la retirada de sus responsabilidades y el aislamiento tras apoyar a la ex ministra de Sanidad en las primarias que se celebraron en el otoño de 2010.
En su momento el PSM aseguró que el despido se debía a “causas objetivas de carácter organizativo”, es decir, que era consecuencia de los pésimos resultados electorales obtenidos en los comicios autonómicos y locales que tuvieron lugar en mayo. Aunque parece que a Tomás Gómez no le ha valido de nada esa explicación, ya que no ha conseguido frenar la demanda de estos ex trabajadores del partido.
Un problema que se suma a los muchos que ya han surgido en el seno del partido y que no hacen más que evidenciar las dificultades que enfrenta Tomás Gómez para hacerse con las riendas del PSM. Precisamente, hace sólo dos semanas el secretario general de los socialistas madrileños fue incapaz de acallar las voces críticas trece ex diputados autonómicos, cercanos a Rafael Simancas, que reclamaron una indemnización de más de 700.000 euros por la falta de homologación de sus salarios con los de sus compañeros en el Congreso.
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