Los sindicatos de profesores de Madrid han acusado a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de querer mandar al paro a 8.000 funcionarios. Eso es lo que aseguran que pasará cuando el Gobierno de la Comunidad implante la ampliación de la jornada semanal de los trabajadores públicos anunciada el pasado lunes por la popular. Con esta medida los funcionarios pasarán de trabajar 35 horas a 37,5.
Esta medida aumentará el paro de Madrid. Al menos así lo creen los representantes de los profesores de la región, afectados desde septiembre por una medida similar a la anunciada por Aguirre el pasado lunes para los empleados de la administración. En concreto, la presidenta ha modificado la normativa de los funcionarios y ha decidido ampliar 2,5 horas su jornada semanal, con lo que pasarán de 35 a 37,5 horas. Una medida que afectará al 70% de los trabajadores públicos y que según el Gobierno de Aguirre servirá para ahorrar 82,7 millones de euros.
No obstante, los sindicatos de la Marea Verde no lo ven así. Según ha indicado a EL BOLETÍN Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, esta medida, con la que Aguirre mandará a 8.000 personas más al paro en la Comunidad de Madrid, incidirá directamente “sobre los servicios públicos, que van a perder calidad” debido a la menor contratación de interinos.
Por su parte, Eduardo Sabina, secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, ha indicado a este diario que la presidenta ha homologado “a los trabajadores de la Comunidad de Madrid a las condiciones de los profesores, las peores de todas”, mientras que Paco Melcón, presidente de ANPE Madrid, cree que esta medida sólo traerá “mayor precariedad a los funcionarios”.
Aunque estas no son las únicas críticas de los sindicatos de profesores a las medidas del Gobierno regional. También han acusado a la jefa del ejecutivo madrileño de iniciar una ‘caza y captura’ del funcionario público, al que usa como ‘chivo expiatorio’ de la crisis. Una afirmación que apoyan en el hecho de que Aguirre no vaya a pagar el 40% del salario de los trabajadores públicos de baja (el otro 60% lo cubre la Seguridad Social) para “erradicar los fraudes y prácticas abusivas en las bajas laborales”.
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