Las Asociaciones de Padres estudian demandar a Aguirre

El último movimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, contra la Marea Verde de profesores le puede salir caro. La FAPA Giner de los Ríos, federación que agrupa a las Asociaciones de Padres de la región, estudia demandar a la popular por acusarles, junto a otras dos asociaciones que se encargan de vender las camisetas contra los recortes en la Educación pública, de un presunto fraude.

Así lo ha asegurado a EL BOLETÍN José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos, que ha dicho que estas acusaciones que ha realizado hoy el PP de Madrid ya están en manos de los abogados de la federación con vistas a acudir a los tribunales. Pazos, que ha lamentado la costumbre que ha tomado la presidenta regional de acusar sin pruebas, ha asegurado que todo esto no es más que una “maniobra para desviar la atención y no discutir de la Educación pública”. Además, el presidente de la FAPA, que dice que lo que está haciendo Aguirre es “privatizar la escuela pública”, se ha preguntado quién es realmente el que obtiene los beneficios en esta historia.

La nueva polémica ha surgido esta mañana, cuando el presidente del Comité Jurídico del PP de Madrid, Salvador Victoria, ha acusado de presunto fraude a las agrupaciones que venden las camisetas que identifican la lucha de los profesores contra el ‘tijeretazo’ de Aguirre (Asociación de Vecinos Palomeras Bajas, Plataforma en Defensa de la Educación pública y FAPA Giner de los Ríos) porque distribuyen las camisetas cobrando cinco euros cuando a ellos les cuestan tres.

De esta forma, según Victoria, obtienen dos euros limpios y libres de impuestos que no pasan por el fisco, lo que podría estimarse, “a la baja”, en unos 9.000 euros. Por ello, los populares madrileños, basándose en los términos de un supuesto fraude fiscal recogido en los artículos 305 y el 627 del Código Penal, han decidido pedir la inhabilitación de estas asociaciones con el fin de que no puedan acceder a las ayudas públicas, una invalidación que sería por un mínimo de tres años, según ha indicado el popular.

Inhabilitación.

No obstante, la inhabilitación, según ha explicado José Luis Pazos a este diario, no podría aplicarse a la Plataforma que defiende la Educación pública, ya que se trata de una reunión de organizaciones sin entidad jurídica, lo que les hace imposible obtener ningún tipo de subvención, tal y como defendían los populares. Algo que no impedirá a los populares, tal y como ha señalado Victoria, denunciar a estas “asociaciones sin ánimo de lucro” ante la Justicia y solicitar una investigación al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Agencia Tributaria con el fin de esclarecer este “negocio fraudulento” de “entidades ligadas a IU”.

Precisamente, este partido fue el primero en ser acusado de presunto fraude durante el primer pleno de la Asamblea de Madrid que tuvo lugar ayer. Allí, Aguirre acusó a IU de hacer lo que calificó como un “negociazo” con la venta de estas camisetas, que llevaban puestas los diputados de la formación. Además, irónicamente les ‘felicitó’ por esta operación, en la que producen “1.700 camisetas a la semana”.

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