Las denuncias de corrupción en Andalucía desbordan al PSOE

Las denuncias sobre presunta corrupción relacionadas con irregularidades en algunos ERE aprobados por la Junta de Andalucía han desbordado por completo al PSOE, incapaz de articular una respuesta. En un momento en el que las encuestas reflejan una fuerte caída del presidente andaluz, José Antonio Griñán, en intención de voto, ni Ferraz ni el PSOE andaluz han sabido explicar con eficacia cómo 39 personas se pudieron ‘colar’ entre un total de 6.000 prejubilados sin haber trabajado un solo día en las empresas que presentaron los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), unas irregularidades destapadas a raíz del llamado ‘caso Mercasevilla’ de 2009.

Entre estos ‘hombres paja’, como se han denominado, figuran cuatro dirigentes del PSOE andaluz, como un ex delegado de la Junta en Sevilla o un alcalde. Además, hay dos militantes de UGT. Estos veían cómo su nombre se incluía entre los beneficiarios de la prejubilación una vez aprobado el ERE. La Junta contaba entonces con un fondo de 647 millones de euros para pagar a empresas andaluzas en crisis, prejubilaciones y evitar así el cierre de estos negocios ‘autóctonos’. Según ha señalado hoy el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, fue la propia Junta la que denunció estos hechos.

La Junta, según los tribunales, aprobaba el expediente de regulación, tras esto, se incluían los nombres de los mencionados dirigentes socialistas o sindicalistas en el listado de prejubilados a pesar de que no habían ‘pisado’ la empresa a la que, presuntamente, pertenecían. Desde el año 2001 se fueron engordando los ERE presentados. Una irregularidad que ha ‘heredado’ Griñán pero que ocurrió en los mandatos del actual vicepresidente Manuel Chaves.

Estos expedientes de regulación eran costeados por la Junta con un fondo al que el ex director general de empleo, Francisco Javier Guerrero, denominó como “fondo de reptiles”. Fue precisamente este cargo del Gobierno de Griñán el que destapó esta práctica a la policía, lo que le llevó a ser expulsado a pesar de que él mismo se retractó de su declaración. Los tribunales siguen indagando, en parte, gracias a la propia denuncia que ha puesto la Junta andaluza que, al enterarse de estas irregularidades y para evitar una cascada de críticas, puso el asunto a disposición judicial.
Mientras que los tribunales aclaran si estas prejubilaciones irregulares se limitan a estas 39 personas y si sólo afectan a 12 empresas, como de momento parece, los socialistas tratan de cerrar filas.

Así, dirigentes de la cúpula del PSOE como Marcelino Iglesias y José Blanco han coincidido en alabar la responsabilidad de la Junta al denunciar los hechos, así como asegurar que se actuará contra los responsables. Mismo énfasis ha puesto la ministra de Medio Ambiente y ex integrante del Gobierno andaluz, Rosa Aguilar, que ha recalcado que se “irá hasta el final, caiga quién caiga”.
Por su parte, uno de los presuntos responsables de aprobar los ERE, el secretario general del PSOE de Sevilla y ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, ha esgrimido la Ley de Subvenciones de 2003 para defender los 647 millones dados para estas prejubilaciones.
El PP trasladará esta polémica al Congreso con varias preguntas en la sesión de control al Gobierno.

Las pesquisas de los tribunales continúan. Hoy mismo, la policía ha llevado al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla 50 cajas con documentación asociada los ERE.

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