La asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, (Aseta) cifra en unos 350 millones de euros la cantidad necesaria para que este año las empresas que gestionan las autopistas de peaje no cierren en números rojos. La patronal recuerda que para este año el Gobierno comprometió 200 millones de euros en créditos participativos, una cifra que considera insuficiente.
Estas compañías reclaman al Estado “la restitución del equilibrio financiero de las concesionarias” dado que “el déficit que éstas arrastran se debe a causas ajenas a las empresas”, según han señalado fuentes de la patronal a EL BOLETÍN. Estas fuentes ponen como ejemplo de esas “causas ajenas” el de la autopista que une Madrid con Toledo, la Ap-41. En este caso, la licitación de la concesión incluía una futura ampliación hasta Ciudad Real, tramo que nunca se ha realizado. Además, la patronal recuerda, en este caso particular, la construcción de una autovía regional gratuita paralela a la Ap-41, con lo que las concesionarias no consiguen reactivar el tráfico por la autopista de peaje.
Para el año 2011, Aseta prevé que las empresas concesionarias de vías de pago necesitarán en torno a 800 millones de euros, en créditos participativos, para mantener su equilibrio financiero y poder esquivar así la solicitud de concurso de acreedores.
La situación de las concesionarias, denunciada por Aseta, ha llegado a oídos de los grupos parlamentarios. CiU ha presentado una iniciativa que se debatirá previsiblemente la semana que viene en el Pleno, para que el Estado abone la diferencia cuando una autopista de peaje no alcance el 80% del tráfico que se preveía cuando se concedió la concesión. Fuentes parlamentarias apuntan a que el PSOE estaría dispuesto a apoyar la iniciativa, aunque por el momento se está negociando.
Para la patronal, esta propuesta parece encaminada a crear un fondo en el que se aunarán los créditos del Estado y de las concesionarias que obtengan beneficios y con ello, reduzcan la deuda global.
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