Las concesionarias de autopistas han solicitado al Ministerio de Fomento que eleve la partida destinada a la actividad de las carreteras de peaje en los Presupuestos de 2011, ya que necesitan 700 millones de euros para evitar la suspensión de pagos. En caso contrario y de llegar a la quiebra, el Gobierno tendrá que hacerse cargo de estas concesiones, lo que supondrá un gasto extra de 3.513 millones de euros.
Fuentes de la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas (Aseta) han dicho hoy a EL BOLETÍN que la partida que destinará Fomento para ayudar a estas concesionarias es de “135 millones de euros, frente a la necesidad de 700 millones” que tienen estas promotoras para evitar la quiebra.
La situación financiera de las concesionarias, según estas fuentes, es “muy complicada”, por lo que han destacado al departamento de José Blanco la urgencia de “encontrar una solución y aplicarla ya”.
Las concesionarias están asfixiadas por el sobrecoste de las expropiaciones y por la escasez de tráfico, que se suponía mucho más elevado cuando decidieron dar este servicio.
El sobrecoste de explotación se debe a los términos que contemplaba la antigua Ley del Suelo. En ella las licitaciones se valoraban en función de las expectativas de explotación, y como las previsiones de tráfico eran altas, se concedieron las licencias de construcción. Años después se ha demostrado que estas previsiones no se cumplen, lo que ha llevado al Tribunal Supremo a dictar sentencias a favor de los propietarios del suelo expropiado, a los que deben indemnizar estas concesionarias. Las fuentes consultadas no han querido dar cifrar el sobrecoste, pero podría suponer unos 1.720 millones de euros. El problema de las concesionarias se ve agravado por su obligación con la M-50 de Madrid, ya que al conceder las licitaciones de construcción se exigió a las promotoras la construcción y mantenimiento gratuito de varios tramos de esta carretera.
Fomento
Desde Aseta han precisado que este Ministerio ya anunció hace un año su intención de estudiar el problema, pero el sector todavía está esperando que el “Gobierno asuma el problema” porque la situación es cada vez más “insostenible”. Aunque Fomento ha recortado su gasto de cara al 2011, esta asociación espera que revise las cuentas públicas en pos de una “ordenada y razonable supervivencia de las concesionarias”. En caso contrario, representantes de Aseta han recordado que el Gobierno tendría que hacerse cargo de las concesiones y afrontar una factura de 3.513 millones de euros.
Ante estas reivindicaciones, el Ministerio de Fomento ha apuntado a este diario que están en “permanente contacto -con las concesionarias de autopistas- para buscar la mejor solución posible” a este problema económico y se han negado a hacer otros comentarios.
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