La fiesta que tenía preparada el líder de los populares valencianos con el acto oficial que daba el pistoletazo de salido a un nuevo mandato se ha desvanecido al conocerse la decisión de la Justicia de la región de dar un paso más en las causas por corrupción que afectan a la cúpula del PP.
Así, mientras que Camps se encontraba en la tribuna de oradores de las Cortes ‘vendiendo’ la necesidad de una reforma electoral e insistiendo en su compromiso con la creación de empleo, el tribunal ha confirmado la imputación por financiación ilegal y falsificación de documento mercantil del vicepresidente de la Generalitat en funciones, Vicente Rambla, del ex secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, o del vicesecretario de Organización del partido, David Serra, entre otros. Junto a ellos, en la misma situación judicial por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación está Milagrosa Martínez y Rafael Betoret.
Quién no se encuentra en este listado es el propio presidente de la Generalitat que verá, por el momento, todo este proceso desde la barrera.
Junto a los nombres de Rambla o Costa, en esta causa también se ha confirmado la imputación de los gestores de hasta ocho constructoras que supuestamente costearon actos electorales del PP de la región. Entre estos nombres se encuentra el empresario Enrique Ortiz, ya imputado en el ‘caso Brugal’ y acusado de varios delitos relacionados con el urbanismo en la provincia de Alicante.
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La Justicia amarga la investidura de Camps