La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha amenazado con recurrir al Tribunal de La Haya la decisión del Gobierno de permitir a los ayuntamientos que acumulen un endeudamiento inferior al 75% de sus ingresos pedir créditos el año que viene. Una medida de la que quedan fuera Valencia y Madrid.
Barberá mostró abiertamente su oposición a la decisión del Gobierno que en principio dejaría fuera a Valencia, la ciudad más endeudada de España después de Madrid. En rueda de prensa, la alcaldesa anunció que recurrirá en los tribunales la Ley de Presupuestos Generales, en la que se incluirá la medida, y que llegará “hasta donde haga falta”, incluso “al Tribunal de La Haya” para denunciar lo que considera una discriminación. Así, defendió la “solvencia económica, el rigor y la seriedad” del Consistorio, a pesar de que acumula una deuda superior a los 800 millones de euros.
Barberá considera que el criterio elegido por el Gobierno, anunciado por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, el pasado miércoles en el Congreso, es “arbitrario”. “¿Por qué el 75% y no el 68 o el 83%? O mejor, ¿por qué no el índice que marca la ley, que es el 110% y, este año, de manera excepcional, el 125%?”, se preguntó para añadir que la ciudad cumple el requisito legal ya que su deuda supone actualmente el 109,96% de sus ingresos. La regidora no escatimó en críticas al Gobierno al acusarle de utilizar la medida “para ganar votos” en ciudades gobernadas por socialistas como Barcelona y Sevilla, que sí se beneficiarán de la rectificación de la norma aprobada en mayo y que prohibía a todos los ayuntamientos endeudarse el año que viene.
En opinión de Barberá, el Gobierno “sabe que va a perder esos gobiernos” el año que viene y por eso los dota de más recursos mientras “desprestigia a Madrid y Valencia, que son los dos grandes feudos del PP y que sabe que no va a tener”.
Las críticas de Barberá se unen a las que ayer formuló el otro gran perjudicado, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quien tampoco descarta recurrir la norma del Ejecutivo por la vía contencioso-administrativa. Para el regidor de la capital, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, intenta crear una “cortina de humo” para esconder su deuda y la de las autonomías, administraciones que acumulan juntas el 95% del endeudamiento público.
Por otro lado, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló hoy que el Gobierno no tiene margen para flexibilizar los niveles de endeudamiento de las comunidades autónomas, después de que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, instara al Ejecutivo a extender la medida sobre los ayuntamientos a las regiones. Además, De la Vega recordó que los límites impuestos a la deuda autonómica fueron acordados recientemente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el consenso de los gobiernos regionales.