La presidenta de la Comunidad de Madrid quiere devolver al Estado las competencias en la asistencia jurídica gratuita, pero no parece estar dispuesta a renunciar a la partida que recibe vía Presupuestos generales, asunto que ha omitido al anunciar esta propuesta. Y es que, cada año Esperanza Aguirre recibe una jugosa cantidad por este servicio, de la que los abogados del turno de oficio no ven un ‘duro’, ya que llevan todo 2012 sin cobrar.
La decisión de Aguirre de devolver al Ministerio de Justicia la asistencia gratuita puede esconder gato encerrado. Su intento de desprenderse de un derecho que se incluye en la Constitución española, como el de asegurar la defensa gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, ha despertado el recelo de muchos expertos en la materia.
La presidenta madrileña no quiere saber nada más del tema y ha anunciado que aprovechará la subida de las tasas judiciales impulsada por Gallardón para devolver esta competencia, pero nada ha dicho sobre qué va a hacer con el dinero que el Estado le otorga todos los años para sufragar los gastos.
Una cuestión que casualmente ha obviado en su discurso en el debate sobre el estado de la región dónde ha hecho este anuncio y que ha hecho pensar a estos expertos jurídicos en que Aguirre no tiene intención de perder este dinero sobre todo en la batalla que ha iniciado contra Hacienda por la reducción de 992 millones en los ingresos que recibirá del Estado.
A esto hay que unir que a pesar de que cada año la Comunidad de Madrid recibe su cuantía pertinente de las arcas estatales para costear sus gastos, lleva los nueves meses de este 2012 sin pagar a los abogados del turno de oficio, según ha denunciado a EL BOLETIN el presidente de la Asociación Libre de Abogados, Teodoro Mota.
Unos impagos que se repiten año tras año y que ha provocado que este colectivo las ‘pase canutas’ para sobrevivir. De hecho, el verano pasado se vio obligado a convocar una huelga y amenazaron en julio con renunciar a las guardias de este octubre y noviembre ante la reducción un 50% en sus honorarios.
Asimismo, desde las asociaciones en las que se integran los abogados del turno de oficia se teme que con esta propuesta, Aguirre busque “librarse de pagar los retrasos” que debe y que sea el Ministerio de Justicia el que afronte este problema.
A la espera de lo que se decida, este colectivo exige que “pase lo que pase se mantenga el derecho a la defensa”.
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