Los médicos usan la objeción de conciencia para oponerse a la reforma sanitaria

Un grupo de médicos de Madrid han decidido iniciar una ‘resistencia pasiva’ contra la reforma de la Sanidad impulsada por el Gobierno y han anunciado que usarán la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes sin tarjeta sanitaria. “Hay que seguir garantizando la universalidad de la Sanidad”, defiende este colectivo.

A las críticas que ha lanzado la oposición contra la reforma de Mariano Rajoy se le han sumado ahora las de un grupo de médicos madrileños, que se oponen a restringir la asistencia sanitaria a los inmigrantes que no tengan regularizada su situación en España, tal y como ha decidido el ministerio dirigido por Ana Mato. Estos facultativos recurrirán a la objeción de conciencia, una medida que aparece en su propio código deontológico, para seguir atendiendo a los inmigrantes.

Esta insumisión, que según el Colegio de Médicos de Madrid será difícil de canalizar, se basa en el principio de que los médicos deben atender “con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes, sin discriminación alguna”.

Una propuesta que no sólo supone un nuevo golpe a las políticas del Ejecutivo central, sino que también ha despertado viejos ‘resquemores’ entre el colectivo médico y el sector más neoliberal del PP. Así, hay que recordar la figura de Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que se puso en contra a la comunidad médica de la región al destituir a la cúpula del Hospital Severo Ochoa de Leganés tras dar credibilidad a una denuncia que hablaba de sedaciones en dosis elevadas en enfermos terminales.

En el centro del escándalo se situó al doctor Luis Montes, exjefe de Urgencias del hospital, contra el que cargó duramente Lamela por estas presuntas sedaciones irregulares y que finalmente fue exculpado al entender la Justicia que a pesar de que se había “practicado mal la medicina”, no se podía demostrar que los fallecimientos acaecidos fuesen consecuencia de ello.

Y aunque Lamela dejó su cargo al frente de la consejería y desapareció del mapa político tras este escándalo, parece que no ha dejado de lado el ‘negocio’ sanitario. Su nombre ha vuelto a aparecer estos últimos días ligado a la privatización de la gestión de cuatro hospitales de Castilla-La Mancha, región gobernada por la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Estos rumores aseguran que la empresa que tiene todas las papeletas para hacerse con la gestión de los hospitales de Tomelloso, Manzanares, Almansa y Villarrobledo es Capio Sanidad, grupo en el que trabaja Lamela. El exconsejero madrileño es además uno de los hombres de máxima confianza de Rodrigo Rato, presidente de Bankia y ex ministro de Economía con Aznar, de quien también se rumorea que tiene un paquete accionarial en Capio.

Aunque las sinergias entre el PP y la multinacional sueca controlada por el fondo de capital riesgo CVC no acabarían ahí, ya que Capio Sanidad llega a Castilla-La Mancha no sólo de la mano los que fuesen altos cargos del PP, sino también de algunas personalidades ligadas al propio gobierno regional. Se trata de Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, que entre otras funciones se encarga de la gestión de hospitales, y de Teresa Echániz Delgado, hermana del consejero de Sanidad manchego, José Ignacio Echániz, que es subdirectora de investigación de Capio.

Una presencia de familiares de dirigentes del PP confirmados por la propia comunidad sanitaria de la región a este diario, aunque todavía no han sido ratificados de manera oficial.

Acceda a la versión completa del contenido