El invierno termina y la prohibición de los cortes de luz por pobreza energética sigue sin fecha

La puesta en marcha de la nueva financiación del bono social y la prohibición de los cortes de luz pactada por PP y PSOE el pasado diciembre podría retrasarse hasta casi entrado el mes de mayo. El invierno llega a su fin este lunes 20 de marzo y aún no hay marcada una fecha en el calendario para la entrada en vigor de la prohibición de los cortes de luz a los hogares más vulnerables que pactaron el pasado mes de diciembre Gobierno y PSOE. Todo apunta a que el Gobierno va a agotar el plazo de tres meses para la tramitación de la norma, que termina a finales de abril.

PP y PSOE consensuaron un texto para reformar la ley del sector eléctrico con el fin de establecer la imposibilidad de paralizar el suministro eléctrico en los casos de vulnerabilidad severa tras la alarma social generada por el fallecimiento en Reus de una anciana que tenía la luz cortada a consecuencia de un incendio ocasionado por una vela en su vivienda. El documento fue aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 2016, pero su convalidación en el Congreso se retrasó más de un mes debido al paro navideño en el Hemiciclo, hasta el 31 de enero, cuando se celebró un pleno extraordinario.

Desde ese día, el real decreto establece un plazo máximo de tres meses para que el Gobierno desarrolle el reglamento, por lo que si se apura el tiempo, podría retrasarse hasta casi entrado el mes de mayo.

“Queremos ir a la mayor velocidad posible”, insistía en la rueda de prensa posterior al citado Consejo de Ministros el ministro de Energía, Álvaro Nadal, a los periodistas que se preguntaban si la norma llegaría antes de que finalizara el invierno. Ya estamos prácticamente en primavera y ni ha entrado en vigor ni se conoce cuándo lo hará.

De momento, desde el Ministerio de Energía solamente apuntan que están “trabajando en ello de forma interna” y hablando con el resto de partidos. Escucharán en este tiempo las propuestas de PSOE y Ciudadanos, que dio su respaldo al decreto en el Congreso.

En concreto, el real decreto acordado por ‘populares’ y socialistas prohíbe el corte de suministro a los consumidores en situación de vulnerabilidad durante un plazo de cuatro meses a tener en cuenta desde la notificación del impago. Hasta ahora, ese plazo era de dos meses. Además, se requerirá la respuesta de los servicios sociales locales que deben ser consultados sobre la situación de esas familias en situación de vulnerabilidad y en riesgo de corte de suministro.

Junto a esta prohibición llegará también la modificación de la financiación del bono social, después de que ésta fuera tumbada por una segunda vez por el Tribunal Supremo ante las reclamaciones de las eléctricas.

Actualmente, el bono social otorga un descuento del 25% en la factura final de electricidad a familias con todos sus miembros en situación de desempleo, perceptores de pensiones mínimas, familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios. Están acogidos 2,4 millones de hogares que suponen un total de siete millones de personas. Para la nueva norma, se definirán distintos grados de consumidor vulnerable y se establecerán rebajas superiores a aquellos que tengan un riesgo mayor.

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