Las investigaciones de la operación Púnica ponen el foco sobre contratos destinados a la realización de obras en carretera en la zona sur de Madrid. La trama púnica sigue aumentando sus tomos. Esta vez, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han presentado en la Consejería de Transportes de Madrid para recabar información sobre algunos contratos que se hicieron durante la última legislatura (2007-2011) de Esperanza Aguirre.
Concretamente, se tratan de unos contratos destinados a la realización de obras en carretera en la zona sur de Madrid. Según el juez instructor de la causa, el PP de la Comunidad de Madrid pudo haber utilizado esas licitaciones para aumentar sus arcas de manera irregular a través de las partidas destinadas, a priori, a la publicidad.
Las investigaciones, según informa El Mundo, se centran en varios contratos de la empresa Dragados, del grupo ACS, que ya ha estado en el alero judicial en más de una ocasión por sospechas de financiar irregularmente al Partido Popular.
El grupo empresarial de Florentino Pérez fue entre 2009 y 2015 el adjudicatario de contratos de obra pública por un importe de 164.139.177 euros. Una cantidad que la situó como la constructora ‘favorita’ del gobierno regional del Partido Popular durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.
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