La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid celebra la investigación de la Audiencia Nacional sobre el proyecto de privatización de hospitales madrileños. La investigación del juez de la Audiencia Eloy Velasco sobre el plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007 que impulsó Esperanza Aguirre cuando estuvo al frente de la Comunidad de Madrid ha azotado la política madrileña. El magistrado, siguiendo la pista de la trama Púnica, persigue el rastro del dinero que fue a parar a la publicidad de este proyecto. Unas pesquisas que, a pesar de ser aplaudidas, dejan un ligero sabor agridulce para la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM).
Por un lado la Marea Blanca celebra este paso dado por el juez Velasco, pero por otro lamentan que la “privatización sanitaria y la corrupción son dos fenómenos paralelos”. Y en privatizaciones la región madrileña es experta. “Desde la ADSPM ya habíamos señalado reiteradamente los aparentemente inexplicables sobrecostes de la privatización”, recuerda el colectivo. Una huella que ha recogido el magistrado de la Audiencia Nacional.
Un proceso que impulsó Aguirre desde la Comunidad de Madrid y que, como no olvida la Marea Blanca, supuso que los “costes de la atención sanitaria se encareciesen”, mientras que los “recortes” en los centros públicos provocaban la caída de la sanidad madrileña. “Es precisamente estos fenómenos de corrupción lo que explica el interés de los políticos del PP en privatizar los servicios públicos”, sostiene la asociación.
“Entendemos que estos hechos ponen en evidencia la necesidad de la reversión de los centros privatizados al sistema sanitario público”, asevera la Marea Blanca que sale desde Madrid. Y para ello, la recientemente constituida Red de Organizaciones y Plataformas por la derogación de todas las fórmulas de Colaboración Público Privada sanitarias (CPP) tiene mucho que decir, según la ADSPM.
De esta manera, el paso dado por la Justicia al abrir una nueva vía de investigación que relaciona a la Púnica con la privatización de hospitales madrileños supone para la Marea Blanca una oportunidad para el “esclarecimiento de todos los hechos”. Y en el caso de que se determine un delito, el siguiente paso que sale desde la ADSPM no es otro que “paguen los responsables de estas tropelías”.
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