La ONG insta a Rajoy a apoyar en Bruselas la propuesta defendida por Francia que conlleva pruebas de homologación independientes de la industria del motor. Ecologistas en Acción considera necesario un sistema de vigilancia europeo de las emisiones de los automóviles “fiable e independiente” para evitar escándalos como el Diéselgate y proteger así la salud de la población, por lo que “exige responsabilidad al gobierno español y que adopte una posición ambiciosa, que suponga una mayor transparencia e independencia sobre el proceso de homologación, actualmente muy controlado por los propios fabricantes de vehículos”.
La petición que hace Ecologistas y el resto de integrantes de la campaña Malos Humos la hacen dado que el próximo mes de mayo el Consejo de la Unión Europea debe revisar la homologación de vehículos, lo que ha permitido el fraude del diésel y los “abusos de la industria del motor” y debido a que “este mismo mes el Consejo debe acordar una posición como para base para las negociaciones finales de la Comisión Europea y el Gobierno español tendrá que decidir entre dos posiciones.
En opinión de Ecologistas la primera de las posiciones “especialmente defendida por Italia, permite más control por parte de la industria automovilística y favorecerá que las cosas no cambien demasiado”. Mientras que “la segunda, defendida por Francia, puede suponer una importante mejora, pues propone pruebas de homologación independientes de la industria” con medidas como “la capacidad sin restricciones de la CE para realizar pruebas a vehículos y la creación de una base de datos digital pública con los resultados de estas pruebas; la realización de auditorías a las autoridades de homologación por parte de expertos independientes; o la vigilancia del 20% de los nuevos modelos de vehículos en carretera cada año”.
La organización ambientalista recalca que “el fraude en la medición de emisiones no es solo una estafa al consumidor, sino al conjunto de la ciudadanía pues es la calidad de nuestro aire la que está en juego evitar casos como el dieselgate supone una reducción de las emisiones de dióxido de nitrógeno en nuestras áreas metropolitanas, cuyos niveles de contaminación se sitúan en muchas de ellas por encima de los máximos legales admisibles”.
Y también recuerda el informe ¡No respires! de la red europea Transport & Environment de 2016 en el que se presentan datos tan graves como que solo uno de cada diez vehículos diésel nuevos cumple con la normativa europea de emisiones. Y en el que se afirma que en España circulan cerca de 1,9 millones de vehículos diésel fraudulentos altamente contaminantes.
La ONG recalca que mientras no se evitan estos fraudes, que suponen que la media de emisiones de los vehículos diésel de algunas marcas supera 15 veces lo establecido por la normativa Euro, hay una gran cantidad de áreas metropolitanas de la Unión Europea donde se superan los límites admisibles de dióxido de nitrógeno. Citando en el caso de España a Madrid y Barcelona y sus respectivas zonas metropolitanas, Granada, Córdoba, Murcia o Valencia. Con la gravedad que este dado merece, ya que como hace notar Ecologistas “la Agencia Europea de Medio Ambiente en su informe 2016 calcula que solo por este contaminante, fallecen en nuestro país, de forma prematura, 4.280 personas cada año”.
Además, hace notar Ecologistas que España ha sido señalada en varias ocasiones por las autoridades europeas como uno de los estados que menos medidas han tomado para evitar fraudes de los fabricantes de vehículos. De hecho, en diciembre de 2016 se inició un procedimiento de infracción contra España por no haber impuesto sanciones a los organismos que homologaron los vehículos que incumplían la normativa y actualmente es firme candidata a un nuevo apercibimiento en este proceso, pues la CE considera que el informe técnico sobre emisiones entregado es incompleto. Y se quejan de que a pocas semanas de la votación en el Consejo de la Unión Europea, la posición de España sigue sin ser clara o, por lo menos, conocida públicamente.
Por ello, instan al Ejecutivo español a que adopte una posición en favor de un control europeo eficaz e independiente que evite y sancione los posibles fraudes, controle las emisiones reales de los vehículos y proteja la salud de la población y del medio ambiente.
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