La coalición lanza una «pregunta absurda» al Ejecutivo para dejar en evidencia su política de «incomunicación». Compromís ha lanzado una «pregunta absurda» al Gobierno para denunciar la “política de incomunicación” que lleva a cabo el Ejecutivo desde la Secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes y la “poca calidad” en las respuestas: “¿Qué protocolos tiene adoptados el Gobierno ante la posibilidad de un apocalipsis zombi?”. La coalición señala con ironía que ha presentado esta cuestión para comprobar si se trata de un problema de “comprensión o de interés en la temática”.
El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, asegura que “vemos con estupor como la función de control parlamentario al Gobierno se ve constantemente impedida por parte del Ejecutivo, cuando estamos viendo como buena parte de sus respuestas […] no aportan ningún tipo de información”.
“Centenares de preguntas exigiendo medidas contra los municipios o entidades que incumplen la ley de memoria histórica, las responden evitando el asunto y sin entrar en materia. Les preguntamos por las inversiones en todos y cada uno de los municipios valencianos, y evitan dar datos”, añade.
La coalición Compromís denuncia que hacen “preguntas concretas con una sola respuesta genérica, que remiten a la legislación que ya conocemos, para no explicar las acciones que ha podido hacer el Gobierno en casos muy concretos, o cómo responden vaguedades que nada tienen que ver con lo preguntado. Algo inadmisible y desesperante tras semanas de espera, que en muchas ocasiones replicamos con nuestra disconformidad con la pregunta, algo que el Secretario de Estado, José Luis Ayllón Manso, con una formación jurídica debería conocer”.
Compromís recuerda que el artículo 111 de la Constitución Española establece que el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.
El artículo 20 del Reglamento del Senado expone que para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los senadores, previo conocimiento del respectivo Grupo Parlamentario, tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas. También el artículo 169 apunta que el Gobierno deberá remitir la respuesta correspondiente a las preguntas de contestación escrita dentro de los treinta días siguientes a su comunicación.
“Este plazo de 30 días, nunca se cumple y, a preguntas serias se contestan muchas veces respuestas que no aportan nada (cumplen, por lo tanto, con su obligación formal, pero no respetan el control parlamentario efectivo), lo que supone una evidente carencia de democracia y comunicación”, añade.
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