En 2016 fallecieron 295 personas. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia que estas muertes son “fruto de las políticas” del Gobierno. En 2016, 295 personas fallecieron en la denominada Frontera Sur (Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla) tratando de llegar por mar a España. Es una cifra que duplica la registrada hace dos años, y que pone de relieve la necesidad de cambiar la política migratoria del Gobierno.
La construcción de alambradas, muros, la imposibilidad burocrática para solicitar asilo político y la inexistencia de vías controladas y seguras provoca que la mayoría de los migrantes acaben recurriendo a mafias locales – y a medios de transporte defectuosos – para tratar de alcanzar España.
Así lo asegura al menos la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que esta semana ha publicado su Balance Migratorio 2016, donde destaca que las medidas tomadas por España y por la Unión Europea “no son solamente inhumanas sino que son un claro fracaso”.
Es cierto que las dimensiones de los flujos hacia Grecia e Italia no son comparables a las de España, donde las llegadas suponen ‘solamente’ un 7% de todas las europeas. Mientras a Grecia e Italia llegaron más de 300.000 refugiados, a España fueron 13.246 personas. Aun así, la ‘inacción’ del Gobierno para con los refugiados ha sido tan flagrante como que a estas alturas solamente ha acogido al 6% de los refugiados de los que se comprometió.
El informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía refleja también la procedencia de la mayoría de las personas llegadas a España a través de la Frontera Sur (Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla). El 69% de ellas provienen de países subsaharianos y solamente el 10% son mujeres.
“Se puede decir que el perfil de la persona que llega a España por la Frontera Sur es el de un chico joven, varón, procedente del África Negra”, afirma la APDHA, que considera que evitar el drama de la inmigración clandestina – que se ha cobrado miles de vidas en el Mediterráneo – ofreciendo vías legales y seguras “es una obligación moral, un deber humanitario y una exigencia democrática”.
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