La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos carga contra el “afán recaudatorio” el ministro al proponer que se grave las bebidas azucaradas. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, ha pedido amparo a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, frente al “ataque directo” del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, por querer gravar las bebidas azucaradas, lo que afectará directamente a 6.000 remolacheros españoles.
Según UPA, este colectivo de trabajadores vive “angustiado” desde que Montoro les “declaró la guerra” anunciando un proyecto de ley que establecerá un impuesto sobre bebidas carbonatadas y azucaradas. Los remolacheros, que producen la materia prima para elaborar este tipo de bebidas, consideran esto “un ataque directo” a su sector y se preguntan cuál será “la siguiente agresión” al azúcar.
Durante la última reunión con Tejerina, celebrada esta misma semana, UPA ha pedido el apoyo de Tejerina para que “no se amilane ante Montoro y cumpla con su trabajo que es defender su sector ante este asalto”.
“La excusa de Montoro es fomentar una dieta equilibrada, cuando en realidad sólo está pensando en recaudar”, asegura UPA, que lamenta que “pretende conseguirlo como le gusta al gobierno, imponiendo y prohibiendo” cuando “lo que debe hacer la Administración es educar y concienciar sobre un consumo responsable de este producto que, a fin de cuentas, nuestro organismo necesita”.
Montoro ha asegurado que con este impuesto se recaudarán unos 200 millones de euros al año sin pensar en que el sector remolachero español emplea a 6.000 agricultores que cultivan 32.000 hectáreas de remolacha azucarera cuya transformación se realiza en cinco plantas transformadoras en las que trabajan 1.300 personas produciendo un total de 500.000 toneladas anuales de azúcar.
UPA ha recordado que “el brutal impacto” del impuesto de Montoro “sería especialmente devastador” en Castilla y León, donde trabajan 4.000 remolacheros que cultivan 22.500 hectáreas. Además, en esta Comunidad, de la que precisamente es originaria Tejerina, están instaladas cuatro de las cinco plantas transformadoras.
Todas estas cifras, abaladas por el conjunto del sector (productores e industria), así como por la Junta de Castilla y León a través de su Consejería de Agricultura y Ganadería, se resumen en 9.000 puestos de trabajo indirectos en toda España, el 70% de ellos en Castilla y León.
Por último, UPA recuerda que el impuesto propuesto por Hacienda llega en el mismo momento en que el sector está atravesando un momento de “especial vulnerabilidad” ya que el 1 de octubre se desmantela el sistema de cuotas de la UE para la remolacha.
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