El PP hace historia con su cita ante la Audiencia Nacional por el Gürtel

El PP se convierte en el primer partido de la democracia en sentarse en un banquillo. Su abogado se niega a declarar y pide la nulidad del caso. El PP hace historia este lunes 13 de febrero de 2017. Apenas un día después de que Mariano Rajoy clausurara el Congreso Nacional de los populares, que se celebró este fin de semana en Madrid, la formación conservadora se convierte hoy en el primer partido que se sienta en un banquillo en la democracia de España. Y lo hace como partícipe a título lucrativo en la Gürtel.
 
Así lo señala la SER, que destaca que su declaración se producirá tras la de la exministra de Sanidad Ana Mato, que tiene que responder por los regalos, viajes y fiestas que supuestamente fueron abonados por la organización criminal. Mato ha afirmado que cuando Jesús Sepúlveda era su marido, “siempre hemos sido independientes económicamente», y que por tanto, ella no se encargaba del pago de la decoración de los cumpleaños de sus hijos ni de los “viajes familiares”, responsabilidad de su exmarido.
 
“El señor Sepúlveda era el encargado de contratar y pagar las facturas de la decoración de los cumpleaños que se celebraban en mi casa”, ha manifestado a lo largo de su intervención, que ha durado algo más de una hora.
 
La situación procesal del PP y Ana Mato, partícipes lucrativos, está a medio camino entre la de testigos y acusados. Ambos pueden negarse a declarar. Algo que no ha hecho la exministra, pero sí el abogado del PP Jesús Santos, que ha optado por no declarar y se ha remitido a su escrito de defensa y las manifestaciones que ya realizó durante la fase de cuestiones previas, en la que se adhirió a la petición de nulidad de la causa.

“Nos remitimos a nuestro escrito de defensa, escrito de alegaciones, y las que realizamos en las cuestiones previas sobre el fondo de este procedimiento”, ha manifestado Santos, que ha pedido anular el procedimiento por considerar que las grabaciones aportadas por el denunciante José Luis Peñas, son “ilegales” y que las escuchas telefónicas ordenadas por Baltasar Garzón durante la instrucción son “ilícitas y delictivas”, según Europa Press.

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