Pretenden evitar casos como el de un anciano de 84 años que puede perder su casa en Donostia por una deuda contraída “con un prestamista usurero”. Izquierda Unida, a través de su diputada Isabel Salud, quiere que el Gobierno de Mariano Rajoy se ‘retrate’ en relación a la usura y quiere conocer si el Ejecutivo tiene previsto adoptar algún tipo de medida para “desincentivar” y “penalizar” la práctica de la usura que está detrás de muchos de los desahucios.
Para ello, y según informa IU en un comunicado, Isabel Salud ha registrado una batería de preguntas parlamentarias en el Congreso para que el Ejecutivo del PP se pronuncie por escrito si, entre otras cuestiones, “¿ha pensado cuantificar legalmente lo que se entiende por tipo de interés usurario o abusivo en un contrato de préstamo tomando como referencia el interés legal del dinero?”
Explica la formación de izquierdas, que “a raíz de casos recientes, como el de un hombre de 84 años que iba a ser desahuciado de su vivienda en Donostia al no poder afrontar el pago de una deuda ‘totalmente desproporcionada y abusiva’ contraída con un prestamista usurero, Isabel Salud, que es también coordinadora general de su federación en Euskadi -Ezker Anitza-IU y que participó en las movilizaciones para evitar este desahucio- ha puesto en marcha esta iniciativa. Hay que recordar que el anciano ha perdido su casa por no poder pagar un crédito hipotecario de 104.000 euros con la garantía de su piso ya pagado a un interés del 19,5 % y con un plazo de devolución inferior a un año.
En la pregunta de IU se interroga también al Ejecutivo del PP sobre si cree oportuno “sancionar la nulidad de los contratos de préstamos usuarios con la pérdida para el prestamista usurero de parte del capital prestado, además de los intereses, para penalizar con contundencia la actividad usuraria”.
Isabel Salud considera “imprescindible” que a día de hoy se protejan con firmeza “los derechos de las personas consumidoras y usuarias”. Las preguntas que plantea ahora Izquierda Unida se sustentan en varias leyes que abarcan desde 1908 a 2007, de las que se desprende la vigencia de que “será nulo el contrato de préstamo que estipule un interés usurario” y que “el prestamista usurero, llegado el caso, pierde su derecho sobre el interés estipulado, pero no sobre el reintegro de la totalidad del capital prestado”.
Para la parlamentaria de IU, todo ello significa que “la sanción para un préstamo usurario es sólo la pérdida del prestamista del derecho a percibir intereses, sin que se vea afectado el principal prestado que deberá ser reintegrado en su totalidad”.
Salud subraya que nos encontramos ante “una sanción que parece claramente insuficiente para disuadir a los prestamistas y para proteger los derechos de las personas consumidoras y usuarias frente a la práctica de la usura”.
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