La construcción de un almacén donde guardar los residuos radioactivos de la central extremeña preocupa en Lisboa, que ha recurrido a la Comisión Europea. El Gobierno de España ha concedido un permiso a la central nuclear de Almaraz (Cáceres) para que construya un almacén de residuos radioactivos dentro de sus instalaciones. El bloqueo del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca), previsto para albergar los residuos de todas las centrales del país, ha obligado al Gobierno a tomar cartas sobre el asunto, y permitir a la central de Almaraz construir su propio silo nuclear.
El problema de este asunto, entre otros, es que Almaraz está a poco menos de 100 kilómetros de Portugal, y que la central nuclear utiliza aguas del río Tajo – que desemboca en Lisboa – para refrigerar sus maquinarias y sus residuos tóxicos.
Estas circunstancias han despertado el recelo del Gobierno portugués, que ya hace varias semanas pidió al Ejecutivo español una evaluación del impacto ambiental transfronterizo que puede suponer la construcción de este almacén. Sin embargo, la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy fue escueta, y según han podido saber medios lusos, llegó a sugerir a Portugal que la elaboración de ese estudio era su responsabilidad, y no del Ejecutivo español.
Esta ‘soberbia’ española – tal y como la tildan muchos portugueses – ha ido en aumento con el paso de los días. Sobre todo cuando Alfonso Dastis, ministro de exteriores, mostró cierta indiferencia al ser preguntado por al recurso interpuesto por el Gobierno portugués en la Comisión Europea: “El problema se ha aliviado”; “trataremos el asunto como buenos vecinos”, aseguró pese a no haber llegado ningún acuerdo.
La forma de tratarlo será la de esperar a que se posicione la Comisión Europea, que será en cuestión de varios meses. El ministro de medio ambiente luso, Joâo Matos, cree que Portugal saldrá respaldado en la resolución de Bruselas. “No tenemos ninguna duda de que un proyecto como el del almacén de Almaraz requiere un estudio previo del impacto transfronterizo, y siendo la Comisión Europea la última palabra, estamos convencidos de que nos va a dar la razón”.
En cualquier caso, el ministro portugués admite que “es natural que la Comisión Europea quiera escuchar al Gobierno español”, con quien señala no tener ningún problema más allá de este administrativo.
Por su parte, el portavoz del Ejecutivo comunitario para Medio Ambiente, Enrico Brivio, ha asegurado en palabras recogidas por Europa Press que los análisis transfronterizos sólo son obligatorios si existe un «impacto significativo», sobre el medio ambiente o si está previsto que el almacén esté presente durante al menos 10 años y esté construido en un lugar diferente al de la central.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento portugués, Pedro Soares, insiste en que el Gobierno luso respeta las decisiones del Ejecutivo español sobre política energética. Siempre y cuando estas no pongan en duda la seguridad de las poblaciones de ambos países. “Cuando hay un accidente nuclear no hay fronteras”, asegura.
En cualquier caso, asociaciones expertas en análisis de riesgos nucleares aseguran que las probabilidades de fallo en la central son “muy bajas”.
Manifestaciones en Lisboa
El Movimiento Ibérico Antinuclear, en el que participa Ecologistas en Acción, organiza una conferencia internacional para pedir el cierre de la central de Almaraz y todas centrales nucleares el próximo día 4 de febrero en Lisboa.
Una conferencia que terminará con una manifestación a las 18 horas y que pedirá que no se renueve el permiso de explotación a la central nuclear de Almaraz (Cáceres).
Ese movimiento antinuclear, que agrupa a unas 50 organizaciones ecologistas y ciudadanas, solicita que no se prolongue el permiso de explotación de la central nuclear extremeña, que expira el 8 de junio de 2020. Además, el 1 de septiembre de 2023 cumplirá 40 años.
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