La organización asegura que en la madrugada del primer día del año se produjeron cerca de 70 “devoluciones en caliente” tras el último salto masivo de 1.100 inmigrantes. La no reelección de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior no han frenado una práctica que fue ampliamente defendida por el exministro: las devoluciones en caliente. O al menos eso sospecha Amnistía Internacional que ha denunciado este lunes un nuevo episodio de estas prácticas.
La organización ha sentenciado que se han vuelto a producir “devoluciones en caliente” de cerca de setenta personas en la frontera sur, tras el asalto masivo al vallado fronterizo de Ceuta protagonizado por unos 1.100 inmigrantes subsaharianos en la madrugada del primer día del año. De hecho, Amnistía Internacional habla de “una de las mayores expulsiones sumarias” de los últimos meses en la zona.
“Nos preocupa que las personas no estén accediendo a procedimientos individualizados de asilo, puesto que en este intento de salto podría haber tanto solicitantes de asilo como personas de colectivos vulnerables, incluidos menores, que no estarían accediendo a esos procedimientos”, ha declarado el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán.
Y desde la organización no olvidan que España cuenta “con el dudoso honor” de situarse en un grupo de países como Bulgaria, Hungría y Turquía, que llevan a cabo “expulsiones en caliente”, las cuales están prohibidas por el derecho internacional. Por ello, Amnistía Internacional ha exigido que cesen estas prácticas y que se garantice que todas las personas tienen acceso tanto a procedimientos individualizados de asilo como a la atención sanitaria que requieren.
No obstante, los planes del Gobierno de Mariano Rajoy no apuntan a esta exigencia que sale desde la ONG. A finales de octubre del año pasado, el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, -hoy relevado por José Antonio Nieto Ballesteros- aseguró que “no es buena idea” la iniciativa parlamentaria que presentó Podemos para derogar estas prácticas en las vallas de Ceuta y Melilla, así como la Ley Mordaza.
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