La proposición de Podemos buscaba derogar unas modificaciones realizadas por “presiones de Israel y China”. España seguirá sin poder juzgar delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra que sucedan allende sus fronteras. El rechazo que este miércoles han ejercido el Partido Popular y el PSOE a la proposición planteada por Unidos Podemos en el Senado deja en agua de borrajas la recuperación de la jurisdicción internacional.
La formación morada planteaba derogar las modificaciones que tanto PSOE y PP hicieron en 2009 y 2014, respectivamente, al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aquellos cambios supusieron que los jueces españoles dejaban de ser competentes para investigar y juzgar delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra que hubieran ocurrido en el extranjero.
Podemos considera que esas limitaciones judiciales se debieron a presiones de países como Israel, Estados Unidos o China, interesados en que no se juzgaran casos como el bombardeo de Gaza, el asesinato de José Couso o la represión en el Tíbet.
“El Estado debe intentar mantener buenas relaciones con todos los países, pero nunca perdiendo su dignidad ética y política otorgando favores que desnaturalicen nuestros principios democráticos y nuestros valores ¿las relaciones diplomáticas con China o con Israel valen tanto como para dar carpetazo a las investigaciones realizadas por el asesinato del cámara José Couso en Irak o el genocidio en el Tíbet? No suena muy humano. Aquí hemos cambiado Derechos Humanos por Derechos económicos» asegura Joan Comorera, senador de Unidos Podemos.
Las constantes quejas del sector judicial, así como la aseveración – próximo párrafo – del Tribunal Supremo, han motivado a Unidos Podemos a presentar esta propuesta con el objetivo final de derogar todas las modificaciones realizadas a la Ley Orgánica original de 1985, que se ajustaba absolutamente a los principios recogidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que considera que “es deber de todos los Estados ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.
El Tribunal Supremo aseguraba el pasado mes de abril que “la nueva regulación del principio de justicia universal con respecto a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra ha procedido a una restricción tan sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero, que excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicción para defender sus derechos dentro del territorio español dada la escasísima posibilidad de que uno de los autores resida habitualmente en España”.
Sin embargo, y pese a que todos los Grupos Parlamentarios han reconocido la necesidad de avalar una propuesta que proteja y recupere los Derechos Universales, el voto en contra del PP y del PSOE han hecho que la moción decaiga con solo 47 votos a favor. Los de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PNV y el grupo mixto.
Enmienda del PSOE
El Partido Socialista se muestra favorable a derogar la reforma del artículo llevada a cabo por el Partido Popular en el 2014, pero no considera necesaria retirar la del 2009 de José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso ha propuesto una enmienda de sustitución donde plantea que la Justicia Universal vuelva a niveles anteriores a 2014.
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