La Comisión Europea dio de fecha hasta abril para acabar con la adjudicación de contratos negociados sin publicidad. La adjudicación de contratos públicos a dedo tienen los días contados en España. Con varios meses de retraso, el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado este viernes dos proyectos de ley de contratos del sector público que venía exigiendo la Comisión Europea y en el que se incluyen medidas que dañarán gravemente las aspiraciones de las tramas corruptas: no se podrá adjudicar ningún contrato sin que esté incluida la publicidad.
La actual –y criticada desde Bruselas- ley de contratación cuenta con un procedimiento negociado sin publicidad con el que la Administración puede adjudicar cualquier contrato que oscile entre los 18.000 y 100.000 euros (en el caso de obras, entre 50.000 y un millón de euros) a una empresa a dedo. Un proceso por el que el adjudicador busca mínimo a tres empresas que presenten al menos solvencia económica y negocia las ofertas directamente con ellas. De esta manera, a su vez, al no haber publicidad, se daña la competitividad ya que las empresas que no estén entre las elegidas tienen nulas posibilidades de hacerse con el contrato.
Un procedimiento que ha sido muy común en los contratos adjudicados a tramas como la Gürtel donde se combinaba esta fórmula legal con el troceo de contratos para poder ser negociado sin publicidad y sin dar explicación alguna. Algo que no pasó desapercibido para la Comisión Europea y por lo que decidió poner freno. Por medio de tres directivas para mejorar los métodos de contratación, Bruselas puso a los Estados miembros una fecha límite para aplicar su dictamen: el 18 de abril. Varios meses después, el Consejo de Ministros cumple con lo mandado por las autoridades europeas.
La normativa se distribuye en dos proyectos de ley, uno referido a la contratación en el sector público en general y otro más específico referido a determinados sectores, según ha explicado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Aparte de no poder adjudicar contratos sin publicidad, la nueva normativa también incluye que no podrán ser contratistas de las administraciones públicas los condenados por corrupción entre particulares.
A su vez, los proyectos que vienen desde Bruselas también hablan de que partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales que se financien mayoritariamente con fondos públicos podrían estar obligados a recurrir a procedimientos públicos para adjudicar los contratos.
No obstante, esta nueva ley de contratación que aprobará el Gobierno de manera urgente tiene más objetivo que mejorar la transparencia y servir de muro a la corrupción: busca optimizar la carga administrativa de las empresas. A través de las “declaraciones responsables”, las compañías que se presenten a los concursos públicos asegurarán que cumplen con los requisitos exigidos, algo que, únicamente, demostrará la sociedad que resulte adjudicataria.
Asimismo, el Ejecutivo, siempre por orden de la Comisión Europea, pretende facilitar la participación de las pymes mediante la división de los contratos en varios lotes, la restricción de los “medios propios” -entidades creadas por la propia Administración para realizar las actividades- o la posibilidad de exigir al licitador que se cumplan determinados plazos de pago.
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