La Comunidad de Madrid asegura que se utilizaron medios públicos para llevar a cabo esa labor. El gobierno de la Comunidad Madrid asegura que durante los meses de marzo a mayo de 2008, la Administración de Esperanza Aguirre realizó “tareas de seguimiento y control de personas” a cargos públicos de otras administraciones. Las víctimas de ese presunto espionaje fueron todas miembros activos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, como Alfredo Prada, exconsejero de Justicia y diputado regional del PP, y Manuel Cobo, vicealcalde por entonces del Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón.
Esta es una información incluida en el escrito de calificación que ha enviado el gobierno de Cristina Cifuentes al juzgado que investiga los hechos. Escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER. En él, se admite la existencia de las labores de vigilancia llevadas a cabo con dinero público y se pide el procesamiento de los hasta ahora seis imputados. El principal de ellos se llama Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad, y al que piden una multa de 18.000 euros y tres años de suspensión de empleo.
Gamón era el hombre de confianza de Esperanza Aguirre, y es considerado, según el escrito, como el máximo responsable de los hechos supuestamente acaecidos: “como director general de Seguridad impartió las órdenes, dirigió de forma determinante la operativa antijurídica y fue el artífice de la disposición de los medios de la Administración Regional para sus subordinados”.
Además de a Gamón, la Comunidad de Madrid pide en ese escrito la suspensión del entonces subdirector de Seguridad, Miguel Castaño. Además reclama un año de suspensión y una multa de 1.800 euros para los tres agentes de la Guardia Civil y un empleado público que supuestamente habrían realizado los seguimientos pide.
Esperanza Aguirre siempre ha negado estos hechos, la última vez el pasado sábado durante una entrevista que ofreció a La Sexta.
El espionaje que le atribuyen a su gobierno está enmarcado dentro de la batalla que por entonces se libraba en el seno del Partido Popular de Madrid. En el escrito al que ha tenido la SER, el gobierno regional afirma que los guardias civiles y policías encausados “cumplieron las órdenes dadas por su superior”, empleando medios públicos como “vehículos y móviles corporativos, desvirtuando así su legítimo uso”.
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