El Gobierno de Aguirre ordenó a las empresas de Correa fraccionar el acto homenaje del 11-M

Isabel Jordán desvela que la Comunidad de Madrid decretó trocear en más de 10 recibos el acto en memoria de las víctimas para eludir los requisitos legales de adjudicación de concurso. Isabel Jordán, acusada en el ‘caso Gürtel’ y administradora de varias empresas de Francisco Correa, continúa relatando en el juicio su relación con la trama corrupta, así como con el Gobierno de Esperanza Aguirre cuando la red operaba en la Comunidad de Madrid. Si este jueves desveló que la expresidenta regional “opinaba y mucho” sobre los actos que organizaba el entramado, este viernes ha desvelado que el Ejecutivo madrileño ordenó fraccionar el acto homenaje por los atentados del 11 de marzo de 2011 para eludir los requisitos legales de adjudicación de concurso.
 
Una afirmación que concuerda con lo asegurado por Pablo Crespo, supuesto número ‘dos’ de la Gürtel, que ya afirmó hace unos días cómo trabajaba la Comunidad de Madrid para regatear los requisitos legales y que los contratos cayesen en manos de la trama. Jordán ha confirmado que la factura del acto en memoria de las víctimas alcanzaba los 140.000 y que fue fraccionada en más de 10 recibos: “De 140.000 euros pasa a 11.954,39 euros (cantidad de una de las facturas) y hay otras 10 más hasta llegar a los 140.000”.
 
La gestora de algunas empresas de Correa también ha recordado cómo este evento, el primero con el que se estrenó en la Comunidad de Madrid, tuvo lugar el 25 de marzo de 2004 y que unos días antes fue cuando conoció al exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad, Alberto López Viejo. De hecho, fue con López Viejo, hoy acusado en el juicio, con el que se reunió, junto a otras personas, para distribuir las “tareas pendientes” de este evento.
 
Según como se puede apreciar en el sumario de la causa en distintos informes, la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Aguirre, fraccionó decenas de contratos adjudicados a empresas de la trama para la organización de actos para que figuraran como menores y no superaran los 12.000 euros. De esta manera, se lograba evitar que la organización de estos eventos tuviera que someterse a concurso.
 
Pero no es la primera vez en la que un acto de homenaje a víctimas del terrorismo se convierte en un negocio organizado por la Gürtel. Otra ocasión llegó en 2001 cuando el PP presentó la Escuela Miguel Ángel Blanco, en homenaje al edil de Ermua asesinado por ETA en julio de 1997. Una presentación dividida en dos actos celebrados en Bilbao donde la empresa Special Events, de Correa, llegó a facturar 4,7 millones de pesetas cuando el montaje del mismo le había costado 3,7 millones de pesetas.  Luego Special Events, como relató 20 Minutos, anulaba esas facturas y las cargaba después a fundaciones afines al PP cambiando el concepto de los trabajos realizados. 

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