La Coordinadora 25S ha solicitado la presencia de observadores internacionales ante el temor a que peligre el derecho de manifestación. La Coordinadora 25S ha pedido a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que “monitorice” la manifestación prevista para este sábado con motivo de la segunda votación de la investidura bajo el lema ‘Ante el Golpe de la Mafia, Democracia’. Los convocantes afirman que, a pesar de que esta protesta ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno de Madrid, “tenemos fundados motivos para inferir que el derecho de manifestación podría ser conculcado”.
En concreto, el 25S tiene cuatro motivos para temer que peligre este derecho. En primer lugar, señala la Coordinadora en un comunicado en su web, que el actual Gobierno en funciones, de quien depende Delegación del Gobierno, “es el que ha aprobado con la oposición del parlamento y la sociedad civil la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza”. Una norma, recuerda, “que ya ha sido reprobada por varios organismos internacionales como la Unión Europea o la misma OSCE”.
En segundo lugar, Interior ya ha anunciado la presencia de un amplio despliegue policial con al menos 500 antidisturbios. “Pese a haber anunciado en todos los medios posibles por nuestra parte que se trata de una manifestación pacífica, tamaño despliegue nos parece que sigue por parte del Ministerio del Interior una estrategia de criminalización ideada para provocar miedo e impedir que quien quiera pueda decidir libremente acudir a la manifestación”, denuncia este colectivo.
A esto hay sumar que se trata del mayor despliegue policial desde ‘Las Marchas de la Dignidad’. Unas marchas que “han acabado otras veces con actuaciones policiales desproporcionadas y cargas injustificadas contra los manifestantes que también han sido reprendidas” por el mencionado organismo, según se recoge en el tercer punto de este comunicado.
Para terminar, la Coordinadora 25S se hace eco de los artículos publicados en la prensa en las últimas horas en los que se hacen públicas las identidades de activistas “sin delito alguno relacionados con la citada manifestación”. Eso ha provocado que este colectivo sospeche sobre “la existencia de listas negras de activistas”.
Por todo ello el 25S defiende que la observación de la OSCE “podría favorecer claramente que el derecho de manifestación no se viese conculcado”. Algo que espera que se produzca.
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