El Congreso aprueba una moción por la que se insta al Gobierno a reformar el Código Penal y a archivar las causas abiertas La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados ha aprobado, con el respaldo de todos los grupos de la Cámara a excepción del Partido Popular, la despenalización de la coacción de los piquetes de huelga y el archivo de las causas penales abiertas.
En concreto, la moción insta al Gobierno a suprimir el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal con el fin de eliminar las penas de cárcel para los ‘piquetes’ de huelga, según informa Europa Press.
Ese artículo impone penas de prisión y multas para aquellos que “coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Los castigos que se contemplan van desde la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o multas de dieciocho meses a veinticuatro meses.
El texto aprobado ha recogido en una enmienda transaccional los matices que varios grupos de la oposición han presentado a la segunda parte de la propuesta de ERC, referidos al sobreseimiento de las causas abiertas como consecuencia del artículo que piden suprimir.
Finalmente, los grupos han aprobado pedir el archivo de todas las causas penales que se encuentren en tramitación, pero añadiendo “sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder a los perjudicados por la aplicación de dicho precepto”
“Remora franquista”
La propuesta del ERC para acabar con este artículo –“una rémora del articulado legislativo franquista”, ha dicho la formación catalana- ha contado con el beneplácito general, si bien en un momento el diputado Íñigo Barandiaran, del PNV, ha pedido votar en dos puntos por discrepar del punto referido al sobreseimiento.
En un duro discurso contra las reformas del PP, la diputada ‘socialista’ Mercè Perea ha criticado que el PP “ha laminado los derechos laborales”, culminando la “deconstrucción del Estado de derecho”.
Celia Villalobos, diputada ‘popular’, ha afirmado que Perea, “o está mintiendo o no sabe de lo que habla” cuando dice que no se había aplicado hasta entonces el citado artículo 135 y ha animado a desarrollar en una Ley de Huelga la jurisprudencia que dejan las sentencias del Tribunal Constitucional.
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