Compromís propone un pacto de Estado para que los partidos pueden revocar a sus cargos no electos

La formación valenciana propone buscar una fórmula consensuada y entre todas las institucionales para que no se repitan casos como el de Rita Barberá. Compromís quiere que no se repitan casos como el de Rita Barberá y propone que las distintas administraciones públicas y parlamentos autonómicos (con procedimientos y reglamentos dispares) estudien la rúbrica de un acuerdo de Estado –similar en su filosofía al pacto antitransfuguismo- para que las distintas formaciones políticas puedan revocar en casos de falta de pérdida de confianza, comportamiento poco ético o ilegal, el nombramiento de sus cargos no electos, tales como senadores territoriales o diputados provinciales, que no han sido elegidos directamente por la población en unos comicios sino que han sido designados por partidos políticos.
 
Una propuesta que ha hecho hoy a través de una moción que ha presentado hoy el senador Carles Mulet en la Cámara alta.
 
Compromis explica en un comunicado que según la moción presentada hoy en registro, “la revocabilidad de los nombramientos de cargos de elección indirecta, no se pueden asumir con un simple cambio legislativo, ya que si bien los diputados provinciales su elección se rige por una mismo norma aplicable todo el territorio del Estado, con sus especificidades en los territorios insulares y forales, la elección de senadores territoriales dispone en cada comunidad autónoma de su propio reglamento o legislación específica y, nada más lejos de la intención, la invasión de competencias autonómicas por parte del Estado”.
 
Por ello, la moción propone que el Senado inste a las demás administraciones implicadas (Cortes Generales en su conjunto y comunidades autónomas), a acordar consensuadamente mediante un pacto de Estado, a revisar cada reglamento para contemplar siempre la revocabilidad de los cargos electos indirectamente.
 
Con la garantía suficiente, buscando la fórmula, de que este mecanismo no permita en ningún caso que, por ejemplo, un grupo político con mayoría absoluta pueda revocar a un miembro de otras formación política por simple criterios partidistas; en el caso valenciano en concreto, que los diputados autonómicos que votaron las candidaturas de Rita Barberá y Alberto Fabra, puedan revocar cualquiera de las dos, o las dos, pero no la de los demás partidos políticos. Que Compromís pueda revocar sus nombramientos y no los del PP, y el resto de combinaciones posibles”, reza.
 
Tal acuerdo entre los partidos “permitiría acabar con espectáculos lamentables como el protagonizado por el PP y Rita Barberá”, en opinión de Mulet, que aclara que con la propuesta de Compromís se busca “habilitar mecanismos para dar la cara y explicaciones a los ciudadanos de la gestión diaria y la confianza depositada en sus representantes. Revocar los cargos electos en un sistema de votación directa del ciudadano es hoy por hoy imposible, pero si existe voluntad política, sí se podría hacer en aquellos casos donde quien elige a los cargos son otros cargos identificables de los distintos partidos políticos; ya sean concejales que votan a diputados provinciales, o cortes autonómicas y o diputados autonómicos que eligen a senadores territoriales”.
 
Haciendo notar que “medidas directas o indirectas inspiradas en esta filosofía están previstas en otros ordenamientos como el recall election norteamericano, en la constitución venezolana, normas de cantones de Suiza, Canadá, provincias argentinas o Ecuador. “La nuestra es más clara y pulcra y busca que sea el PP quien pueda revocar a cargos no electos como Rita Barberá, que no ha sido elegida por los ciudadanos y que nombren a otra persona si es que ya no confían en ella o sienten vergüenza de su actuación o comportamiento”, ha señalado Mulet.
 
Por otro lado el senador de Compromís ha tildado de “cosmética”, la medida de retirarle el carnet y darle de baja pero permitiéndole seguir con los mismos privilegios en el Senado y recuerda que sobre la senadora expopular pesan serias dudas en otros muchos casos de presunta corrupción, algo de lo que los ciudadanos valencianos “estamos hartos”.

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