UniónCG denuncia que con los 33 millones que cuesta anualmente contratar vigilancia privada en las cárceles se dotaría a cada agente de un chaleco antibalas. La Unión de Guardias Civiles (UniónCG), una de las asociaciones profesionales presentes en el Consejo de la Guarida Civil, denuncia el “derroche de dinero del erario público que está llevando a cabo el Gobierno desde 2013 al contratar vigilancia privada en las cárceles españolas, competencia tradicional de este cuerpo y de la Policía Nacional”.
A través de una nota de prensa colgada en su web, UniónGC informa que el coste anual de estos contratos es de “casi 33 millones de euros, cuantía que sería suficiente para dotar a cada guardia civil de un chaleco antibalas de uso personal”.
Desde esta asociación profesional, que presume de ser “muy beligerante contra los recortes a la Guardia Civil,” también revelan que el Consejo de Ministros del 19 de agosto aprobó una nueva partida de “58 millones de euros a incrementar en 900 vigilantes de seguridad el servicio en las 67 prisiones estatales”.
Aseguran que «con esta nueva partida, el gasto en la seguridad privada en las cárceles españolas se eleva a casi cien millones de euros anuales, “todo ello mientras los guardias civiles siguen sin los elementos de seguridad básicos ni los medios adecuados para afrontar su trabajo día a día”.
Además, explican que «echando números, cada vigilante de seguridad, según este presupuesto, tendría un coste para las arcas del Estado de 64.444,44 euros al año, lo que supone más del doble del salario que percibe cualquier guardia civil» lo que consideran «una vergüenza y un despilfarro insultante”.
Desde esta asociación profesional señalan que, con estos contratos, se observa “la apuesta de este Gobierno por disminuir la plantilla de guardias civiles no recuperando los efectivos perdidos, casi 10.000, durante los seis últimos años, consecuencia de implantar una tasa de reposición de efectivos del 10% que ha mermado gravemente las plantillas y disminuido ostensiblemente la presencia de guardias civiles en labores de seguridad ciudadana”.
Del mismo modo, desde la asociación no encuentran explicación alguna a estos contratos con empresas privadas, más allá del de beneficiarlas “con no se sabe muy bien el fin”.
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