La OCU inicia una campaña dirigida al Parlamento Europeo para exigir una sentencia que también se pueda recuperar el dinero pagado antes de mayo de 2013. Más de 31.000 personas se han sumado en la recogida de firmas impulsada por la OCU –en la plataforma change.org- para pedir al Parlamento Europeo que debata la aplicación de la normativa comunitaria y se permita que los afectados por las cláusulas suelo puedan recuperar todo su dinero.
La OCU recuerda en su web que “el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicó el pasado mes de julio un informe en el que considera que los consumidores perjudicados por la cláusula suelo no tienen derecho a recuperar el dinero pagado por esta cláusula abusiva con fecha anterior a la sentencia que decretó su nulidad, en mayo de 2013”, lo que esta organización considera “inaceptable” ya que entiende que la normativa establece claramente que la nulidad de una cláusula supone dejarla sin efectos como si nunca hubiese existido.
La organización considera “escandaloso que los consumidores deban pagar las malas prácticas de la banca”. Y ve insólito el razonamiento del Abogado que era “la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico”, ya que consideran que eso es tanto como “decir, que parte de la banca saldría perjudicada y esto justifica que los ciudadanos paguen la factura”.
La asociación recuerda que la Comisión Europea ya publicó, en 2015, un informe apoyando la devolución de las cantidades cobradas con carácter retroactivo y estima que los problemas causados por la banca no pueden ser asumidos por los consumidores, lo que generaría un precedente muy negativo para los derechos de los consumidores, en un contexto de abusos continuos y productos tóxicos (participaciones preferentes, acciones de Bankia, hipotecas IRPH…)”.
OCU advierte que las conclusiones del Abogado General no son vinculantes y es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien debe decidir sobre el asunto. Por ello espera que los jueces apliquen la ley sin que les perturben las implicaciones políticas y entienden que la normativa establece claramente que la nulidad de una cláusula supone dejarla sin efectos como si nunca hubiese existido.
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