¿Dónde está el dinero de las tasas judiciales?

El Consejo General de la Abogacía aplaude la decisión del Constitucional sobre las tasas, aunque lamenta que no se devuelva lo recaudado, que no ha servido para “mejorar” la Justicia Gratuita. ¿Dónde están los millones que las tasas judiciales han recaudado en los últimos cuatro años? Esta es la pregunta que se están haciendo asociaciones y colectivos relacionados con la Justicia en las últimas horas después de que este viernes el Tribunal Constitucional haya anulado unas tasas aprobadas en 2012 por el Gobierno del PP a instancias del por entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón.
 
Un dinero del que no hay noticias, según destaca Jueces para la Democracia, que ha exigido al Ejecutivo en funciones que preside Mariano Rajoy, “bajo cuyo mandato se cometió esta injusticia”, que “explique, razone y dé cumplida cuenta a todos los ciudadanos del destino que ha hecho de lo recaudado por estas normas declaradas inconstitucionales”. Esta asociación de jueces se hace eco del varapalo del alto tribunal “a la nefasta gestión de los sucesivos ministros de Justicia”, tanto Gallardón como Rafael Catalá, declarando inconstitucionales y nulas las tasas “por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva”.
 
Para Jueces para la Democracia la Ley de Tasas se aprobó “en plena crisis económica” y “cuando más necesaria era para la ciudadanía la tutela judicial”. En ese momento, Gallardón impulsó “una ley destinada a encarecer el acceso de los ciudadanos a la práctica totalidad de procedimientos judiciales tanto en primera instancia como en instancias superiores” gracias a la mayoría absoluta que ostentaba el actual Gobierno. Este colectivo se alegra de que “por fin” se reconozca la “tremenda injusticia” que era “impedir” a personas físicas y pymes el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades.
 
El Consejo General de la Abogacía Española también ha mostrado su “satisfacción” por la sentencia del Tribunal Constitucional que extiende la anulación de las tasas judiciales también a las pequeñas y medianas empresas, ya que el Gobierno las derogó para las personas físicas en febrero de 2015. “Se repara plenamente una injusticia” y se “contribuye a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo”, ha destacado la presidenta del Consejo, Victoria Ortega, según un comunicado en su web.
 
Y es que, “la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales ha tenido un claro rechazo por la sociedad debido a su clara y evidente inconstitucionalidad, habiendo producido la violación del derecho de los ciudadanos y de las pymes al acceso a la justicia y a obtener la tutela judicial efectiva consagrada en la Constitución”, ha afirmado Ortega, que ha calificado la sentencia de “victoria de la Justicia”.
 
A pesar de ello, el Consejo de la Abogacía también pone el acento en qué pasa con el dinero recaudado que no se devolverá y que, en contra de lo comprometido por el Gobierno en su momento, “no se ha destinado a mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita”.
 
Las tasas declaradas ahora inconstitucionales son las relativas a la presentación de recursos de personas jurídicas en el orden contencioso-administrativo, así como las tasas para recurrir en apelación y en casación en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo. Las cantidades iban de los 200 euros a los 1.200, según el caso.
 
El propio Ministerio de Justicia reconoció en febrero del año pasado que no sabía dónde estaban los más de 500 millones de euros recaudados con el cobro de estas tasas judiciales. En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví al respecto, el departamento de Catalá señaló que “el Ministerio no dispone de información al respecto” y que tampoco corresponde a la Agencia Tributaria “la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa”, según recogió en su día Europa Press. Unos meses antes, en noviembre, el Gobierno cifró en 512 millones lo recaudado por estas tasas.

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