El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, insta a Jorge Fernández Díaz a poner punto y final a estas prácticas en Ceuta y Melilla. “España debe mantener sus obligaciones de derechos humanos”. Las advertencias al Gobierno de Mariano Rajoy no cesan. Después de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU suspendiese al Ejecutivo en materia de inmigración, sobre todo por sus actuaciones en las vallas de Ceuta y Melilla, un nuevo organismo internacional ha abroncado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha dirigido una carta al político exigiéndole el fin de las devoluciones en caliente.
A través de la misiva, el Consejo de Europa ha mostrado su preocupación por la situación que encontró su comisario cuando visitó Ceuta y Melilla a principios de 2015 y tras ver vídeos de los saltos del 4 y 18 de junio de este año donde se aprecian dichas devoluciones en caliente. “Me gustaría reiterarle que la práctica de las devoluciones sumarias debe parar”, ha aseverado Muiznieks a Fernández Díaz.
No ha sido la primera vez que el departamento que dirige Muiznieks recrimina las acciones que ha realizado el Ministerio del Interior en las dos ciudades autónomas. El comisario europeo ha insistido en la carta que ya en enero de 2015, cuando visitó Ceuta y Melilla, apercibió al Gobierno de que “al margen de los retos que la gestión de los flujos de migración puede suponer en ciertos contextos, España debe cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, en particular los asumidos en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados”.
Por ello, tras las últimas informaciones que han llegado al órgano de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el comisario ha pedido a Fernández Díaz que, “dada la gravedad de las violaciones de los Derechos Humanos en juego”, le proporcione “más información sobre la postura de las autoridades” en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Una política migratoria en España que, a ojos de Muiznieks, “no proporciona garantías claras en la devolución ni frente a las expulsiones colectivas ni en el respeto al derecho de toda persona a solicitar y obtener asilo independientemente de la forma en que llegue al territorio español”.
De esta manera, el Consejo de Europa ha instado a Fernández Díaz a “conservar el derecho de cada persona para ser identificada, tener sus necesidades de protección internacionales debidamente evaluadas, tener el acceso a un abogado, un intérprete y la ayuda médica apropiada”. Unos derechos que, a su “conocimiento, no ha sido adoptado”.
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