La PAH denuncia que el BBVA intenta “lavar su imagen” al ceder “migajas” para alquiler social

El colectivo recuerda que la cesión de 1.800 viviendas a la Generalitat de Cataluña llega tras su “intensa campaña de denuncia de la nefasta actitud del BBVA ante la vulneración del derecho a la vivienda”. La firma del último convenio de cesión de 1.800 viviendas para alquiler social del BBVA a la Generalitat de Cataluña supone el colmo de la hipocresía para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) . De hecho, el colectivo define esta operación como “un intento de lavado de imagen” del banco justo cuando la PAH ha realizado una “intensa campaña de denuncia de la nefasta actitud del BBVA ante la vulneración del derecho a la vivienda”. “No es ninguna casualidad”, aseveran.

Por ello, la PAH lanza una proposición muy concreta: “El ’mundo del BBVA’ no es el mismo que el ‘mundo real’ en el que vivimos el resto de los mortales”. Anunciada la cesión a “bombo y platillo”, como matiza el colectivo antidesahucios, la organización ha querido recordar que el acuerdo supone “dar migajas a los centenares de miles de familias que han sido desahuciadas”.

Dos mundos distintos en el que el BBVA ha bajado al “mundo real” para “ensañarse en especial con las familias que han recuperado viviendas vacías de este banco al no tener una alternativa habitacional”. Unas prácticas que en 2013 llevaron a la PAH a colocar a la entidad en el segundo puesto, sólo detrás de Bankia, de bancos que más desahucios ha ejecutado.

“Desde la PAH sabemos que sin la presión de la calle y nuestras campañas señalando al BBVA la cesión no hubiera ocurrido nunca. Además, hay que tener bien claro que, más allá de la cesión de un paquete de viviendas que, recordemos, aún no se ha hecho realidad (otras veces se han firmado convenios y no vimos ni una), estamos sobre todo ante un intento de lavado de imagen”, insiste la plataforma.

Vistos los precedentes en este tipo de convenios, la PAH planta una línea roja para la transparencia de la firma: que se hagan públicos los convenios de cesión de viviendas a la Administración Pública. Una medida que facilitaría conocer “en qué condiciones se firman” ante varias preguntas que aparecen en la mente del colectivo antidesahucios: “¿pagarán las rehabilitaciones de nuevo con dinero público o los responsables asumirán de una vez por todas alguna carga? ¿La diferencia de los precios de alquiler respecto a los precios sociales serán transferidos de nuevo como ingresos a la banca o la función social de la vivienda se hará cumplir?”.

Una firma entre el Gobierno de Carles Puigdemont y la entidad que dirige Francisco González que no supone el punto y final de la ‘guerra’ que le declaró la PAH. De hecho, el colectivo vuelve a lanzar una advertencia al BBVA: seguirá denunciando y presionando al banco y a la Sareb “para conseguir que cada una de las viviendas de las entidades financieras que han sido rescatadas con dinero público –con nuestro dinero– vuelvan a la ciudadanía, y no sirvan de nuevo para alimentar otro ciclo especulativo”.

Un dinero público del que el BBVA también se aprovechó, tal y como recuerda la organización ciudadana, cuando adquirió el banco catalán Unnim por un euro en 2012. Una entidad, que fue nacionalizada, “es decir, salvada con recursos públicos”. Pero desde la PAH tampoco olvidan cómo la empresa de González se hizo por 1.165 millones de euros con el 98% del capital social de Catalunya Caixa, banco que “recibió 12.052 millones de euros públicos” para su posterior rescate.

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