Junto a Correa, el expresidente de las Cortes valencianas es uno de los 23 acusados por la contratación de pantallas y megafonía con la red Gürtel. Se enfrenta a una pena de 11 años de prisión. El juez José de la Mata ha acordado abrir juicio oral contra 23 personas físicas y 13 jurídicas como responsables civiles por la pieza del caso Gürtel que investiga la contratación de las pantallas y megafonía con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006. Entre los acusados figura el expresidente de las Cortes de Valencia Juan Cotino, el ex director de la televisión pública Pedro García Gimeno, varios altos cargos de la televisión pública valenciana así como los responsables del llamado «grupo Correa»: Francisco Correa, Pablo Crespo, Alvaro Pérez y Jose Ramón Blanco Balín.
El juez pide las mismas penas para Cotino que para Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama, en dos de los cargos que le imputa: cinco años de prisión y diez de inhabilitación como cargo público por un delito continuado de prevaricación y por malversación de caudales públicos.
Además, solicita otros seis años de prisión por un delito continuado de fraude a las administraciones públicas y otro de cohecho pasivo. Una petición fiscal de 11 años de prisión para el expresidente autonómico por contratar a las empresas de la trama corrupta para la visita que el Papa realizó a Valencia los días 8 y 9 de julio de 2006.
En el auto del juez instructor se da por formulada la acusación por 9 delitos: un delito de asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, delito de malversación continuada de caudales públicos, delito de fraude a las administraciones públicas, delito continuado de falsedad documental cometido por funcionario, delito continuado de falsedad en documento mercantil, cinco delitos contra la Hacienda Pública, un delito continuado de blanqueo de capitales y un delito continuado de cohecho.
“De acuerdo con lo dispuesto en la ley y a la vista de las solicitudes efectuadas en los respectivos escritos de acusación, el juez fija fianzas que superan los 200 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en sentencia”, se dicta en el auto. A partir de ahora los acusados disponen de diez días para formular sus escritos de defensa.
En otro auto el juez se inhibe en favor de los juzgados de Valencia en relación con la pieza incoada recientemente por la que se ampliaba la investigación sobre las operaciones realizadas y los posibles delitos cometidos en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las familias desde su constitución, en enero de 2005 hasta su extinción en marzo de 2014.
En línea con lo expuesto por la fiscalía, el juez considera que los hechos de esta pieza separada han sido cometidos en Valencia y carecen de conexión con el objeto de cualquiera de las demás piezas referidas.
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