El sumario apunta a su número tres y al exalcalde de Getafe como nombres implicados en la trama de corrupción, en una semana que concluye con otra declaración de Granados. El levantamiento del secreto de sumario de parte de la causa que instruye el juez Eloy Velasco sobre la trama Púnica ha teñido la agenda de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, justo al término de las fiestas de San Isidro. Y seguirá protagonizando la semana: Francisco Granados, exconsejero de Esperanza Aguirre y presunto cabecilla de la red, declarará mañana ante la Comisión de investigación sobre la corrupción de la Asamblea de Madrid.
La Audiencia Nacional ha autorizado al exconsejero de Presidencia a comparecer por videoconferencia sobre presuntas irregularidades en la Fundación Arpegio, cuyto patronato presidió.
Es la segunda vez que Granados es autorizado a declarar por videconferencia en esta comisión. Pero puede que a diferencia de la primera sesión, en la que buena parte de las preguntas apuntaban a la responsabilidad de Aguirre, esta segunda comparecencia ahonde en las dudas sobre la ‘limpieza’ del equipo de Cifuentes respecto al legado de corrupción que arrastran los anteriores gobiernos autonómicos del PP.
Granados permanece encarcelado preventivamente en la prisión de Estremera desde octubre de 2014 como presunto cabecilla de la red corrupta. La Junta y Mesa de portavoces de la comisión también ha citado a la exconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y actual concejal del Ayuntamiento de Madrid Beatriz Elorriaga y a la exconsejera de Ordenación del Territorio y actual diputada autonómica Ana Isabel Mariño, sucesivas expresidentas del patronato de la fundación; así como a la exgerente de la Fundación Arpegio, Carmen Plata.
Pero antes del colofón a la semana a cuenta de Granados, el PP de Madrid ha debido torear en apenas dos días con las acusaciones del supuesto conseguidor de la Púnica, David Marjaliza. Según su declaración ante la Audienca Nacional, de casi 15 horas, el entramado corrupto se alimentó de mordidas desde pelotazos urbanísticos por toda la Comunidad, con la connivencia de los alcaldes de numerosos municipios, y muy apegado a la construcción de vivienda pública.
El relato de Marjaliza salpica al actual número tres de Cifuentes, el consejero de Medio Ambiente Jaime González Taboada, que ya ha anunciado que se querellará contra el empresario de la Púnica por sus acusaciones. Según Marjaliza, Taboada se quedaba con un tercio de las comisiones ilegales del Plan Prisma, del que fue responsable durante años. El programa se basaba en intervenciones urbanísticas en municipios con problemas de recursos económicos y, según el empresario imputado, Taboada se repartía con Granados y los técnicos implicados en cada obra las comisiones que pagaban las empresas a cambio de la adjudicación de las mismas.
Hay otro nombre del equipo de Cifuentes que puede abrir una herida en el actual PP de Madrid, sostenido por Ciudadanos en un pacto del que el partido naranja ha avisado que se descolgará si algún diputado del PP resulta imputado y no dimite de forma inmediata. Se trata del exacalde de Getafe, Juan Soler, actual diputado regional, concejal en el mismo municipio y senador. El empresario de la Púnica afirma haber ordenado pagos desde la trama al entonces edil de Gefafe en al menos tres ocasiones.
Dos exalcaldes y Cofely
El diputado del grupo parlamentario que lidera Cifuentes más cercado por la Púnica es Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles y sobre el que el juez Velasco pedía hace una semana una exposición razonada a la cámara madrileña. Al ser aforado, debe realizar ese trámite para investigarlo por favorecer a una de las empresas emblema de la red corrupta, la firma Cofely, con un contrato de 73 millones de euros por servicios energéticos en el municipio madrileño por un periodo de 12 años. Cifuentes defendió que, de producirse una imputación, la dimisión sería inmediata.
Otro exalcalde madrileño y actual diputado del PP está bajo el mismo foco de la Audiencia Nacional: un informe de la Guardia Civil compromete al exalcalde de Alcalá de Henares Bartolomé González, al que la Fiscalía pedirá investigar por su papel en una adjudicación de 14 millones de euros en el consistorio del municipio que gobernó. El contrato también se refiere a una adjudicación a Cofely e igualmente para tareas de mantenimiento energético, aunque se investigan otras adjudicaciones a Waiter Music bajo la batuta de este exalcalde y actual diputado autonómico.
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