Los críticos con la ‘ley mordaza’ salen a la calle para exigir una amnistía social

La Coordinadora del 25S y el colectivo ‘No Somos Delito’ han convocado sendas manifestaciones en Madrid y Barcelona, respectivamente, para exigir “el fin de las mordazas”. La ‘ley mordaza’ mantiene a la población en ‘pie de guerra’. Este sábado, la Coordinadora del 25S y la asociación ‘No somos delito’ han convocado sendas manifestaciones en Madrid y Barcelona, respectivamente, para recordar que la Ley de Seguridad Ciudadana sigue en vigor. Además, desde la capital se pedirá una amnistía social y política para todos los afectados por esta legislación.

La Coordinadora del 25S ha recordado que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya ha instado al Estado español “a que deje de usar la Ley de Seguridad Ciudadana y los artículos del Código Penal relacionados con el terrorismo, para reprimir los derechos de libertad de expresión, reunión o manifestación, y que defina el delito de terrorismo de manera restrictiva, algo que suele recomendar a dictaduras”, tal y como han señalado en la convocatoria de la protesta .

Pero los convocantes ya no creen que sea suficiente con derogarla, sino que consideran necesaria una amnistía social y política que exculpe a aquellos ciudadanos que hayan sido acusados de forma injusta en el marco de esta legislación, aprobada en solitario por el PP. “No pedimos ni clemencia ni indultos, reclamamos y exigimos justicia social”, aseguran en su página web.

En concreto, han pedido la supresión de todas las causas penales abiertas contra manifestantes que protestaban contra las políticas de recortes de derechos laborales y sociales, así como la anulación de todos los procesos, expedientes sancionadores y antecedentes penales relacionados con estas causas. Además, exigen la libertad para todos los que “desobedecieron las normas ante la situación creada por el actual modelo económico y político” y en concreto para los activistas antidesahucios. En la misma línea, quieren que se indemnice a las personas que hayan sufrido daños físicos u otras secuelas por las intervenciones policiales, junto a la exigencia de responsabilidad para quienes lo acometieron.

En este sentido, el colectivo ha recordado que “muchos compañeros y compañeras duermen en una cárcel por protestar echando un cubo de pintura en una piscina, por darle un tartazo a un político, por hacer una obra de títeres o publicar un tuit; por ir a una manifestación. Mientras, esos empresarios y políticos contra los que se manifestaban, lavan su dinero, el dinero que ahora no hay para educación, vivienda o sanidad, en Panamá o en otros paraísos fiscales”.

Y es que, la ley que es objeto de protesta permite que se impongan una media de 29 expedientes sancionadores al día por faltas de respeto a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, según los datos del Ministerio de Interior facilitados a eldiario.es. Esto supone que se hayan emitido 6.217 sanciones desde el 1 de julio de 2015 –fecha en la que entró en vigor- y principios de marzo.

Una de las multas más mediáticas ha sido la del periodista Axier López, al que la Ley de Protección Ciudadana ha sancionado con 601 euros por publicar en Twitter una fotografía en la que unos policías detienen a una activista por orden de un juez. La revista Argia, para la que trabajaba López, ha asegurado que no pagará la multa.

No obstante, este tipo de procesos judiciales ya venían sucediendo antes de la aprobación de la problemática legislación, tal y como pone de manifiesto el caso de la cámara de La Sexta, Ana García. Esta fue detenida mientras grababa un desahucio desde la calle en el año 2012. En su juicio, que comenzó este jueves, piden para ella nueve meses de cárcel por haberse negado a entregar a la Policía la cámara con la que grababa el desalojo.
https://twitter.com/Coordinadora25S/status/728487823121240064

Para la Coordinadora del 25S, los objetivos de la ley “son casi exclusivamente dos: mantener a raya a los sectores potencialmente peligrosos, es decir, a las clases trabajadoras, pero quienes se empoderan como pueblo en particular, y defender a la clase dominante con sus sobres, sus tarjetas black, sus Urdangarines e Infantas, sus reformas laborales, sus rescates bancarios, sus gúrteles y casos ERE. En definitiva, asegurarse su forma de vida a costa de los trabajadores y trabajadoras.” Por ello han convocado una manifestación que recorrerá las calles de Madrid este sábado a las 19.00 horas desde la Plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol.

Barcelona impulsa la ‘Campaña Ciudades Libres de Mordazas’

La ciudad de Barcelona acoge este sábado a las 12.00 horas una manifestación para exigir a los ayuntamientos que se pronuncien en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana, coincidiendo en que supone un recorte de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Para ello, la Plataforma No Somos Delito ya había lanzado la Campaña Ciudades Libres de Mordazas , a la que ya se han sumado más de 100 municipios, según han informado en su página web. Todo ellos han aprobado mociones en las que reclaman la derogación de estas normas por ser consideradas antidemocráticas.

A corto plazo, el objetivo de la campaña es presionar al partido en el gobierno para que derogue de forma inmediata esta legislación. A medio plazo, se pretende conseguir un compromiso firme por parte de las instituciones para la creación de una legislación sobre Seguridad Ciudadana y Código Penal, “que garantice el libre ejercicio de los derechos y libertades respetando los principios de proporcionalidad e idoneidad, contando para ello con la participación de todos los actores implicados”.
https://twitter.com/Nosomosdelito/status/728282310790000640

“Aun conociendo que la Seguridad Ciudadana es competencia casi exclusiva de la Administración General del Estado y de la Policía Nacional Autonómica, la Plataforma No Somos Delito considera que desde los municipios es posible hacer un trabajo común para la redacción de ordenanzas municipales y órdenes internas que garanticen el libre ejercicio de las libertades civiles”, han asegurado.

De hecho, el Congreso de los Diputados –en la legislatura que acaba de ser disuelta- ya había aprobado una iniciativa para instar al Gobierno a derogar esta Ley. La votación se saldó con 28 votos a favor de PSOE, Podemos, ERC y Democracia y Libertad, y 15 votos en contra de PP y Ciudadanos. Una iniciativa que se tendrá que volver a repetir después de las próximas elecciones del 26J.

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