Tanto PP como Ciudadanos han recordado que la Justicia no ha inhabilitado a Cofely, principal compañía involucrada en el caso Púnica, y por lo tanto “puede presentarse a los contratos públicos”. “Excluir a quien ha corrompido supone favorecer a las empresas víctimas de esas prácticas y generar una economía mucho más eficaz”. Con esta exposición pronunciada por el diputado Hugo Martínez Abarca, Podemos plantea “bloquear”, a través de cláusulas en el sistema de financiación, que empresas vinculadas en casos de corrupción tengan la posibilidad de optar a concursos públicos o sean seleccionados para contratos menores, por lo menos mientras dure las investigaciones judiciales que actualmente estén abiertas.
Una propuesta que no ha sentado bien en parte de los otros grupos de la Asamblea de Madrid. Así lo ha dejado ver el Partido Popular que le ha recordado a Podemos que “la gran diferencia” entre ambas formaciones es que en el partido que dirige Cristina Cifuentes “queremos acabar con la corrupción, pero ustedes no quieren acabar con la corrupción sino acabar con el sistema con la excusa de la corrupción”.
Una contestación a la iniciativa morada que ha liderado el diputado popular Álvaro Moraga que ha apoyado su argumentación incidiendo en que todos los contratos “están estrictamente sujetos a la legalidad en materia de contratación” así como que “mientras no haya resolución judicial que diga lo contrario esta empresa [Cofely] puede presentarse a los contratos públicos que estime”, según ha recogido Europa Press.
Por esa línea ofrecida por Moraga ha continuado la diputada de Ciudadanos, Dolores González, quien ha defendido que Cofely, principal compañía vinculada con la trama Púnica, es una empresa que “no está inhabilitada” por lo que existe “riesgo de prevaricación” si se deja de contratar con ese motivo siguiendo las directrices que busca Podemos.
A raíz de esa legalidad a la que ha hecho referencia el PP, Martínez Abarca ha manifestado que resulta “frustrante” que se diga que “un contrato cumple la legalidad” ya que las empresas salpicadas por los casos de corrupción lo que promueven es una “apariencia de legalidad”. “Sin ir a ver quién corrompía, estamos dejando que la corrupción siga”, ha aseverado el diputado de la formación morada.
Por ello, el también diputado de Podemos José Ramón Menéndez Aquino ha precisado que hay que cambiar los “criterios de inercia” que han permitido que los contratos menores que se han encargado a Cofely hayan sido por “rapidez y eficacia” al ser la compañía que se encargaba del mantenimiento general de los centros que requerían los trabajos, que ahora están bajo sospecha judicial.
De ahí la necesidad, según Martínez Abarca, de modificar el sistema de contratación público “que ha saltado por los aires” e introducir “cláusulas” para “bloquear durante los muchísimos años que dura una investigación de corrupción” que las empresas implicadas opten a este tipo de contratos.
Una opinión medianamente compartida por Grupo el diputado socialista José Manuel Freire que ha criticado la “gran opacidad” de los contratos implicados en la trama Púnica; así como la “discrecionalidad” en los contratos menores ya que “en el sumatorio” si contabilizan “cuantías importantes”.
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