El grupo de Podemos en el Congreso ha presentado una Proposición No de Ley para obligar a unos plazos más ágiles y pedir que algunas competencias pasen a la administración local. “En los últimos cuatro años, 125.000 personas dependientes han fallecido sin llegar a recibir la prestación o servicio que les correspondía por derecho”, afirma Ana Terrón, diputada de Podemos en el Congreso, encargada de presentar una Proposición No de Ley junto a la también diputada Marta Domínguez. Entienden que el procedimiento para obtener las prestaciones y servicios de la llamada Ley de la Dependencia “es lento, farragoso e ineficaz, se pueden tomar medidas para agilizarlo acortando los tiempos de espera”.
Por ello el grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea eleva a la cámara Baja un propuesta para que las ayudas por la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y la atención a las Personas en Situación de Dependencia sean materializadas en un plazo máximo de seis meses. Es decir, que no pase más de medio año desde que se formaliza la solicitud gasta que se recibe la ayuda económica o el servicio del Programa Individual de Atención que corresponda a cada dependiente.
En el texto de la PNL también se recuerda que “cuando una persona necesita apoyo para desenvolverse en el día a día, cada mes de espera para recibir los servicios y prestaciones adecuados repercuten en el empeoramiento de su calidad de vida y en la de su entorno familiar y/o de apoyo”. Por ello, la iniciativa pide incluir en la Ley la priorización de la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de la Administración Local y deje de estar en manos del nivel autonómico, como hasta ahora.
“Las comunidades autónomas en su mayoría hablan de 6 meses como plazo de resolución de todo el proceso, sin embargo, en muy pocas ocasiones se cumplen, llegando a retrasarse la prestación hasta un año”, señala la diputada granadina Ana Terrón. Entiende que los tiempos reales en varias comunidades son “inasumibles”, como el caso de Castilla y León, Andalucía, Aragón y País Vasco. También están por debajo de la media autonomías como Murcia, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana o Canarias.
Sobre el Servicio de Ayuda a domicilio, Domínguez apunta que “cuando éste no se pueda municipalizar, solicitamos que incluya cláusulas sociales que eviten la precarización del mismo, que afecta mayoritariamente a las mujeres”.
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