Un juez pregunta a la Asamblea por la condición de diputado de Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles bajo indicios de maniobrar para contratar a una empresa clave de la Púnica. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha consultado a la Asamblea de Madrid por la condición de diputado regional de Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles y actual parlamentario en la cámara de la región en el equipo de Cristina Cifuentes. Según informa la Cadena Ser, sería el primer paso necesario y previo para remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid una petición de investigación de Ortiz, que al ser aforado sólo puede ser imputado por el alto tribunal.
Velasco tiene indicios que unen al exalcalde de Móstoles con maniobras para que una de las empresas de la trama Púnica, Cofely, se quedara con un contrato público de hasta 75 millones de euros en la localidad madrileña. Así lo consideró un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que hace algo más de un mes apuntaba a Ortiz como responsable de delitos de cohecho y fraude por influir en esa adjudicación, a cambio de la que la empresa habría pagado una mordida de 240.000 euros.
Además de ser diputado de la Asamblea de Madrid, el popular sigue en activo en el consistorio de Móstoles como portavoz municipal del PP. El informe de la Guardia Civil se refería a un «el concierto urdido» entre Ortiz, el exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles Alejandro Utrilla y los directivos de Cofely Pedro García Pérez y Constantino Álvarez de la Cueva para influir en el devenir del concurso público sobre el suministro, servicios energéticos y mantenimiento de los edificios municipales y centros educativos de Móstoles.
El precio de licitación ascendía a 75.018.518,42 euros (IVA incluido) y, de acuerdo con las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, el alcalde y el concejal habían adquirido un compromiso previo con Cofely incluso antes de la publicación del contrato. La maniobra es más evidente aún teniendo en cuenta que otra oferta presentó una oferta mejor: el informe apunta a que se pusieron trabas a los competidores, de forma que finalmente se desechase la oferta del licitador mejor posicionado y se orientase el concurso a la empresa que querían que lo ganase.
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