“La única ley que cumplen Endesa y Gas Natural es la del mínimo esfuerzo”, ha asegurado la alcaldesa de Barcelona. Ada Colau ha amenazado a Gas Natural y Endesa con imponerle multas de entre 10.000 y 100.000 euros si no dejan de cortar la luz y el gas a los vecinos sin recursos. Para esto, la alcaldesa de Barcelona se ha escudado en la ley 24/2015 sobre pobreza energética, que obliga a las eléctricas a mantener sus servicios a las familias con ingresos inferiores a un 1,5 del IRSC (un índice que se sitúa en casi 8.000 euros al año).
Y las advertencias de Colau en materia de emergencia social no suelen ser papel mojado. El Consistorio barcelonés, ya impuso 12 multas por valor total de 60.000 euros a tres entidades bancarias por tener pisos vacíos durante más de dos años. Una práctica ilegal en la ciudad desde antes de su llegada, pero que no se había sancionado hasta entonces.
“El cumplimiento de la ley no es voluntario, es obligatorio y sobre todo para los mayores, empresas que tienen grandes beneficios y que hacen negocio con un servicio que es un derecho fundamental”, ha recordado la alcaldesa este miércoles en una rueda de prensa. “La única ley que cumplen Endesa y Gas Natural es la del mínimo esfuerzo”, ha sentenciado.
Hasta el momento, las eléctricas no están acatando la ley porque no existe un reglamento específico que la despliegue, según lo han señalado. Es por ello que el Ayuntamiento aún se encuentra realizando análisis jurídicos que detallen cuáles son sus competencias y aun no ha tomado cartas en el asunto.
Lo que sí ha hecho el Consistorio de Colau hasta ahora es reunirse con las suministradoras con el fin de alcanzar convenios de colaboración que eviten la pobreza energética. “No hemos podido avanzar en materia de corresponsabilización para evitar los cortes, más allá del bono social, que es insuficiente. Endesa y Gas Natural no han querido avanzar y desde nuestro punto de vista es un incumplimiento claro de la ley”, ha asegurado.
Ante esto, Colau se ha mostrado tajante. Si la situación persiste tras las multas, se plantearía prohibir que esas empresas tuvieran relaciones comerciales con el Consistorio. Un límite al que Barcelona no ha tenido que llegar en ninguna negociación, ya que tanto los grandes propietarios de viviendas como la Sareb han cedido ante las presiones municipales en la lucha contra la pobreza.
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