Margallo ha asegurado que las expulsiones colectivas no son admisibles. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha aclarado este lunes que España apoyaría la expulsión de refugiados de la Unión Europea a Turquía si se estudiara cada caso de manera individual.
“El primer punto de la propuesta de Turquía podría dar origen a la interpretación de que caben las expulsiones colectivas, no es admisible. Tiene que haber un procedimiento individualizado para cada solicitante de asilo, y mientras eso no se cierre no puede ser retornado”, ha explicado Margallo en una rueda de prensa en la que ha explicado las condiciones que pedirá España en la cumbre UE-Turquía que se celebra este jueves.
El resto de exigencias pasan por limitar las expulsiones a aquellos refugiados a los que ya se le haya denegado la petición de asilo o no la hayan pedido, que se les permita recurrir la decisión y que, por tanto, no se les pueda retornar mientras se resuelve su petición.
Preguntado por la posibilidad de que la Estados miembro nieguen el asilo a los refugiados por el hecho de provenir de un país considerado oficialmente “seguro”, como en el caso de Turquía, Margallo ha señalado que en este caso no sería válido.
El jefe de la diplomacia ha asegurado que se deberá garantizar el asentamiento de un refugiado desde Turquía por cada uno que este país acepte proveniente de las Islas Griegas y que se priorice el reasentamiento de que no hayan entrado irregularmente en la UE.
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Poro otro lado, el ministro ha reclamado un acuerdo con en Congreso de los Diputados que sea “lo suficientemente flexible” como para poder aprobar o rechazar un acuerdo que se va ir modificando en el próximo Consejo Europeo. “Lo que entiendo que el Congreso debe hacer es fijar cuáles son las líneas básicas en las que se enmarca ese mandato, pero que no sea un mandato tan cerrado como para que se altere una coma y el presidente diga que no tienen mandato para hacer eso”, ha explicado.
Además, ha reconocido que la expulsión de inmigrantes en grupo está terminantemente prohibido por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, por los tratados europeos y por el derecho internacional, tal y como ya venían denunciando numerosos colectivos.
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