UGT alerta de los riesgos de la “subasta a la baja” en los contratos públicos de la Comunidad de Madrid

La adjudicación de contratos atendiendo solo al criterio económico provoca incumplimientos laborales de las empresas, según el sindicato. La Federación de Servicios de UGT rechaza que el criterio económico deba ser el único que rija el actual sistema de adjudicación de contratos públicos en la Comunidad de Madrid. El sindicato entiende que este diseño fomenta la “subasta a la baja” entre las empresas adjudicatarias en los concursos públicos.

“Llevamos tiempo trasladando que, respecto a las condiciones de los pliegos así como el modelo actual de adjudicaciones de los concursos públicos en Madrid” se publican contratos “con importantes rebajas económicas y las empresas se presentan rebajando aún más las cantidades”. Es lo que UGT entiende por método de ‘subasta a la baja’. En su opinión, permite que las empresas que contratan con la Administración pública trasladen esas “minoraciones” al sueldo de sus trabajadores.

Para el sindicato es especialmente revelador el caso de los contratos de seguridad. UGT denuncia que algunas empresas que a día de hoy son adjudicatarias de este servicio en distintos organismos de la región incumplen el Convenio Colectivo de Seguridad Privada. “Es decir, que tienen salarios más bajos y condiciones laborales peores”, explica el sindicato, que apunta a empresas como Marsegur, Seguridad Integral Canaria o Synergias, empresas del Grupo Ralons, propiedad del Presidente del Club Deportivo las Palmas según recuerda UGT.

El sindicato asegura que hay empresas que no están pagando a sus trabajadores, y nombra a la contrata Magasegur como ejemplo de ello. Estas empresas, según UGT en Madrid, “se están deshaciendo de vigilantes con experiencia y formación, tanto profesional como específica”, y critica que en algunas empresas contratadas por la Administración no se imparte la formación necesaria y exigida por la actualización de la Ley de Seguridad Privada.

Hace apenas dos días el Gobierno regional, liderado por Cristina Cifuentes, anunciaba que unificaría el contrato para la seguridad de todas las sedes judiciales de la región en un único pliego con el que se hizo la UTE Sasegur – Grupo On Seguridad. El equipo de Gobierno del destacaba que “el criterio único para la contratación ha sido el económico”. La región invertirá un total de 9,4 millones de euros en vigilancia y seguridad de las 71 sedes judiciales con un plazo de ejecución de 12 meses desde que se formalice el contrato.

Teniendo en cuenta que la plantilla es la principal fuente de gasto para una empresa de este tipo, UGT entiende que los contratos ‘a la baja’ repercuten directamente en el cumplimiento de los pliegos de los contratos, y por tanto en los sueldos y condiciones laborales de los trabajadores. UGT pide que la Comunidad de Madrid cambie “el actual modelo de adjudicación de los pliegos” en todo tipo de contratación.

Por otro lado, exige que se resuelvan los contratos con toda aquella empresa que incumpla el Convenio Colectivo de Seguridad Privada o que “tienen impagos con la Administración o los trabajadores”.

Acceda a la versión completa del contenido