Los intérpretes judiciales denuncian ilegalidades tras la externalización del servicio en Madrid

Solo 16 empleados cubren todo el trabajo de la región. CSIT denuncia que los empleados cobran un 40% menos de lo estipulado en los pliegos. El sindicato CSIT enuncia la “precaria” situación laboral de los intérpretes judiciales en la Comunidad de Madrid desde que la empresa adjudicataria del servicio ha retomado la gestión, que abandonó en 2014. Actualmente, la plantilla de traductores-intérpretes den la región está compuesta “únicamente por 8 trabajadores fijos y 8 interinos”, denuncia el sindicato. Un personal que considera “insuficiente”: “Se necesitarían en torno a 50”, denuncia CSIT.

Más allá del perjuicio para los usuarios del servicio, los traductores denuncian que SeproTec, la empresa concesionaria, incumple sistemáticamente los pliegos del contrato público, abonando a los trabajadores hasta un 40% menos del salario establecido en las condiciones de la adjudicación. “Estos trabajadores están cobrando irrisorias cantidades: 10 euros la primera hora de servicio”, reclama el sindicato, mientras las cláusulas estipulan un precio superior a 17 euros para la primera hora de atención en la franja ordinaria.

“Se está incumpliendo el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir en el contrato de servicio de interpretación y traducción de idiomas”, sostiene CSIT sobre unos trabajadores que cubren los órganos jurisdiccionales y fiscalías de toda la región. Los traductores entienden que para garantizar el derecho a juicio justo a los clientes que requieran de servicios de interpretación haría falta casi tres veces más personal: 10 traductores intérpretes para árabe, 10 para rumano, 5 para inglés, 5 para chino y 15 que se distribuirían para otros idiomas, según el sindicato.

“La escasa plantilla de traductores-intérpretes propia de la Administración, unido a las lamentables condiciones impuestas por la subcontrata a sus trabajadores, imposibilitan que éstos tengan un ambiente óptimo de trabajo, y provocan una disminución en la calidad de los servicios prestados al ciudadano”, reclama en un comunicado.

El sindicato insiste en que en Madrid no se garantiza a los ciudadanos un servicio que es considerado derecho fundamental en los procesos judiciales. Incumplie una directiva europea, de 2010, que España ha tardado cinco años en incorporar: la norma comunitaria “establece de forma taxativa que los servicios de traducción e interpretación que se presten en el marco de procesos penales han de ser de calidad, con vistas a garantizar la equidad del proceso”. Algo que no puede asegurarse con 16 trabajadores para toda la población madrileña, según los afectados.

No es el primer problema generado por la subcontratación de este servicio: desde hace años la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) viene denunciando la precarización laboral que el sistema de subcontratación ha supuesto en “un sector tan delicado como el de los servicios públicos, en concreto en los ámbitos policial y judicial, en gran parte amparada en la aparente falta de interés demostrada por las administraciones públicas sobre esta cuestión”, sostenía el colectivo en 2014.

Estos servicios judiciales eran antes gestionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hace apenas una semana, el órgano judicial ha sacado a concurso la contratación de servicios de traducción e interpretación con un presupuesto de licitación de 214.400 euros.

El sindicato critica a la Administración regional por no haber tomado ninguna medida para solucionar la falta de personal en este servicio público y la exige que abandone del sistema actual de contratas por sus «graves carencias».

Acceda a la versión completa del contenido