Ecologistas pide que los partidos exijan el cierre de Garoña en la sesión de investidura

La ONG advierte que la centra necesita reformas por valor de 150 millones y que aún así es un “riesgo inaceptable” para seis CCAA su inseguridad. Ecologistas en Acción recuerda que el día 2 de marzo de 1971 se conectó Garoña a la red por primera vez, y justo cuando se cumplen 45 años de su puesta en funcionamiento, esta organización exige su cierre definitivo argumentado que la central «está en pésimas condiciones de seguridad como muestran los propios informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)». Advierten que “mantener esta central en funcionamiento es un riesgo inaceptable para seis comunidades autónomas: Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragón y Catalunya y piden que los grupos aprovechen el debate de investidura para promover que se cierre de una vez por todas.

Denuncia esta ONG ecologista que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) “presenta un total de 78 elementos de seguridad severamente degradados y 135 componentes con un estado de degradación medio o bajo.

Explica que “se hace necesario cambiar kilómetros de cableado, clave para garantizar el control del reactor; mejorar el sistema de protección contra incendios, que es ya un problema histórico; modificar el venteo de la contención, para evitar posibles explosiones y que demás, es imprescindible aplicar las reformas procedentes de las pruebas de estrés realizadas tras el accidente de Fuskushima”. Y, por si fuera poco, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ordena a Garoña la construcción de una torre de enfriamiento para evitar que la central siga sobrecalentando el río”.

Todas estas reformas, según Ecologista, supondrían un gasto de unos 150 millones de euros, pero la organización cree que “aun así, no garantizarían que en poco tiempo aparecieran nuevos problemas que obligaran a paralizar la central o, incluso, que produjeran algún accidente”.

Para Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, “lo más sensato es proceder al cierre definitivo de esta central, que pone en peligro las comunidades de Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragón y Catalunya, bien a través del viento o bien a través del río Ebro como vectores de la radiactividad”.

Garoña está ya amortizada y es perfectamente prescindible para el suministro eléctrico, por lo que su cierre definitivo no supondría problema alguno para los contribuyentes ni para el sistema eléctrico.

Según Castejón, “los grupos políticos deberían manifestarse a favor del cierre definitivo en la sesión de investidura y el Gobierno del PP debería rendirse a la evidencia de que no tiene sentido apostar por la reapertura de esta peligrosa central”.

Para Nuclenor y el resto de la industria nuclear española mantener Garoña en funcionamiento es un intento de sentar el precedente de alargar la vida de las nucleares hasta los 60 años, lo que supone un gran negocio para ese sector.

“El negocio de unos pocos no puede sustentarse sobre el riesgo, tanto para la salud como económico, que sufren miles de personas”, zanja Castejón.

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