Cinco años después, la Audiencia Nacional abre la fase oral por delitos de financiación ilegal de las campañas autonómicas y municipales del PP de Valencia en 2007 y 2008. El juez de la Audiencia Nacional Jose de la Mata ha decidido abrir juicio oral por la supuesta financiación ilegal del Partido Popular en Valencia entre 2007 y 2008, vinculada con la trama Gürtel, según acaba de hacer público el alto tribunal. En esta rama se encuentran hasta 20 investigados (antes llamados imputados), entre los que figuran empresarios y políticos como Vicente Rambla, Francisco Serra o Ricardo Costa, además de los cabecillas de la trama en Madrid y Valencia Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez ‘el Bigotes’.
La investigación sobre la rama valenciana de la trama Gürtel llegó a los juzgados de Valencia en 2011 procedente del Tribunal Superior de Justicia madrileño. Allí se dividió en tres piezas separadas y en 2013 el avance de las pesquisas dio lugar a la apertura de otras tres. Con la paulatina dimisión y/o pérdida del aforamiento de los implicados, el TSJV se ha ido inhibiendo a favor de la Audiencia Nacional.
Es el caso de las piezas 1, 2 y 6, que ahora alcanzan la fase oral tras cerrar la de instrucción. La pieza número 1 investiga un posible delito de financiación ilegal de las campañas electorales del PP de la Comunidad Valenciana en las municipales y autonómicas de 2007.
La número 2 se centra en los supuestos de falsedad documental en actos del PPCV en las generales de 2008, que también se traducen en una presunta financiación ilegal de la campaña electoral.
Por último, la pieza número 6 investiga los delitos contra la Hacienda Pública en los que podría haber incurrido la empresa Orange Market en relación con los contratos de las piezas anteriores. Entre ellos, delitos contables y un delito continuado de falsedad.
Dinero A de Alicante, y B de Barcelona
Según la investigación del juez de la Mata, se recurría a pagos «de carácter dual» para la empresa que sufragaba los gastos de las campañas electorales: «abonándose parte de los mismos con dinero oficial (denominado Alicante en algunas conversaciones y documentos) y otra parte, presuntamente, en dinero con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado Barcelona)», se lee en el auto de la AN.
Estas cantidades presuntamente engrosarían la denominada
Caja B de Orange Market y la de grupo de empresas con los que contrataba la Administración valenciana, según la investigación de estos cinco años. Además, el juez destaca que se recurría a contratos sin «una sustantividad real al modo de la contraprestación de servicios que aparentemente documentan». Esos contratos solo servían para rebajar, según el juez, el «montante» que el PP adeudaba a Orange Market.
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