El principal sindicato de Policía denuncia presiones para no informar sobre los CIE

El SUP alerta de las «deplorables» condiciones de los centros para extranjeros, instalaciones «insalubres» con reformas que solo «parchean» el problema. El sindicato mayoritario en el Cuerpo de Policía Nacional denuncia “el lamentable estado de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)”, y no es la primera vez que lo hace. En esta ocasión, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) incide en las “presiones a las que se han visto sometidos” sus miembros a la hora de informar de lo que ocurre de muros adentro. El colectivo alerta de que se ha prohibido el acceso a sus representantes “e incluso a los propios policías que allí trabajan, a quienes se les recomienda que no informen a nuestra organización de las incidencias desfavorables”. Estas medidas, recuerda el SUP, solo “fomentan una apariencia irreal que daña la imagen policial y entorpece la defensa de nuestros derechos y los de los internos”, denuncia.

El sindicato policial acusa a la Administración de “pasividad” ante el problema, una cuestión recurrente que atañe a la cuestión migratoria pero que acaba más relacionada con las leyes de Derechos Humanos, a tenor de las sucesivas denuncias de colectivos e instituciones internacionales.

Por su parte, SUP ha denunciado “en muchas de las instalaciones de los CIE existentes en España, como es el caso del de Barranco seco en las Palmas de Gran Canaria, o el de Zapadores en Valencia, o el de Algeciras, ubicado en dos sedes, una en un antiguo cuartel de la Isla de Las Palomas y otra en la antigua cárcel de La Piñera”, enumera en un comunicado.

Este último es el que más preocupa al sindicato porque a las cuestiones de insalubridad, comunes al resto, “se suma el deterioro de sus instalaciones, pues tras más de 15 años de funcionamiento, el Centro ha llegado a sufrir desprendimientos de las cornisas, provocando el cierre de determinados módulos por no reunir las condiciones mínimas”.

“Ante esta realidad, la respuesta por parte de la Administración ha sido la de mantener el edificio con inútiles obras de mejora, que lo único que consiguen es despilfarrar miles de euros del dinero público”, denuncian los policías. Creen que las reformas acometidas sólo incrementan el riesgo para la seguridad de internos y policías.

Según su perspectiva, hay que apoyar “cualquier medida que vaya encaminada a mejorar las condiciones de trabajo de los policías así como el respeto y fomento de los derechos humanos, pero de nada sirve que, ante cada denuncia, el gobierno de turno se empeñe en parchear unas instalaciones que resultan a día de hoy insostenibles”.

Dependientes del Ministerio del Interior, los CIE un punto negro sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos en España, y motivo de numerosas denuncias por parte de otros colectivos y ONGs. La Oficina del Defensor del Pueblo y organismos de Naciones Unidas han clamado contra la realidad que se vive en estos centros, que privan de libertad a los inmigrantes en situación administrativa irregular: representan un modelo carcelario para administrar el control de inmigrantes que no han cometido ningún delito y que eventualmente son deportados tras largas estancias en estos centros.

En los CIE, la carencia de recursos se suma a la total falta de transparencia: con restricciones de acceso y nula publicación de datos, son una de las instituciones con más quejas por su opacidad. La última noticia relacionada con un CIE era lanzada por la plataforma CIEs NO: denunciaba el pasado viernes que cinco ciudadanos de origen argelino y marroquí en el centro de Valencia fueron deportados después de que uno de ellos interpusiera una denuncia por haber sufrido, presuntamente, agresiones físicas y verbales de los miembros de la Policía que trabajan en el centro.

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