La FADSP alerta sobre las principales vías por las que laboratorios farmacéuticos y empresas médicas pasan a controlar información y recursos para ampliar su negocio en el sistema público. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) alerta de que “una gran alianza público-privada” promueve la fragmentación, externalización y privatización de los recursos estratégicos de los servicios de Salud. Denuncia que con la complicidad de gobiernos “conservadores de orientación neoliberal”, cada vez más laboratorios farmacéuticos y empresas de la industria de la tecnología sanitaria tratan de “apoderarse de los enormes recursos económicos” que se destinan a salud. En España, este presupuesto ronda los 57.000 millones de euros anuales.
La asociación, integrada en la que se dio en llamar la Marea Blanca, acusa a políticos, gestores y profesionales sanitarios de controlar las principales asociaciones y organizaciones profesionales para asegurar la privatización progresiva del sector. Como ejemplo, FADSP cita la privatización de los Laboratorios Centrales “cedidos a multinacionales y fondos de inversión” en Madrid o Galicia; la creación de empresas con diseño empresarial (Sociedades Anónimas) para gestionar servicios como la Radioterapia o la Medicina Nuclear en Cataluña y Galicia; también destaca la privatización de servicios bajo la figura del “socio tecnológico”, por el que las mismas empresas que fabrican los aparatos controlan los equipos que deben adquirir los hospitales, fijan su precio y deciden su ubicación.
Otro caso que alarma a la plataforma es el de la creación de Institutos Biomédicos de Investigación en los hospitales públicos: en estos casos se suelen acoger al modelo empresaria, permitiendo la participación de las multinacionales farmacéuticas “que controlan y dirigen la investigación, y tienen acceso a los datos genéticos y otras informaciones sensibles sobre la salud de la población para sus estrategias empresariales”.
Este último punto, la información, resulta clave para los que temen por el estatus público de la Sanidad. El control de datos sobre la salud de la población esconde un gran filón económico. Posibilita la planificación estratégica de los servicios, la administración de hospitales y centros de salud, así como la gestión clínica en sectores como la cardiología o el cáncer. “Esta estrategia tiene un importante pilar en lograr el control de todos los datos de salud y patrones de consumo sanitario de la población, para ponerlos a disposición del sector privado y de los grandes inversores económicos a través del big Data”, denuncia la FADSP.
Las principales vías de la conquista privada
Entre los principales instrumentos en los que se ha avanzado para aplicar esta política figura la externalización de los servicios de información. La plataforma critica que con ello la industria sanitaria dispone de información privilegiada para seleccionar riesgos a la hora de promover seguros privados, permitiéndole “desechar a los pacientes no rentables”.
En segundo lugar, destaca el traslado a manos privadas de estrategias de planificación de los recursos: “empresas privadas decidirán el equipamiento a comprar, su ubicación y los precios a pagar por parte del sistema público, las prioridades en la investigación o la implantación de las innovaciones en tecnología sanitaria”, denuncian.
La creación de Unidades de Gestión Clínica destinada a fraccionar los centros en microempresas con autonomía y participación privada es otro de los flancos débiles, según la FADSP.
“La idea que subyace en estas propuestas es financiar con dinero público el negocio del sector privado, convirtiendo la investigación, la innovación y el desarrollo en herramientas decisivas para la privatización”, denuncia la plataforma. Cree que la industria sanitaria pretende “robotizar” el sistema sanitario, prescindir de los profesionales y de los cuidadores y agenciarse el dinero que el Estado y las Comunidades Autónomas destinan a la sanidad pública.
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