La formación liderada por Mónica Oltra se base en la Ley de Partidos Políticos y en el artículo 515 del Código Penal. Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Dolors Pérez han solicitado ante la Fiscalía Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada que actúe contra el Partido Popular después de los constantes y reiterados casos de corrupción que los situaría como organización ilícita, según informa esta formación en un comunicado.
Los senadores han puesto hoy en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos por los cuales solicitan que se estime adoptar una serie de medidas, y se inste entre otros, al procedimiento previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (en adelante LOPP), con el fin de promover la declaración de ilegalidad del Partido Popular y su consiguiente disolución.
De forma supletoria, reclaman que se inicien los trámites -si se estima oportuno- para declarar organización ilícita al Partido Popular de acuerdo al artículo 515 del Código Penal, o se adopten igualmente las medidas cautelares que contemple la legislación vigente ante lo que no son casos aislados de corrupción, sino lo que podría ser una práctica extendida de esta formación.
Según señalan desde Compromis “Gürtel, Brugal, caso Taula, Ritaleaks, la financiación del PP, los discos duros y contabilidades en B, el inaudito caso de su imputación como formación política y tantos otros que aparecen a diario justifican la actuación de la Fiscalía”.
Además, Compromis ha registrado en el Senado dos preguntas dirigidas al Gobierno en funciones para que apliquen la Ley de Partidos Políticos por estas situaciones anómalas en un sistema democrático que reclama transparencia, medidas ejemplarizantes y ética. Será la Mesa del Senado quien deba admitir a trámite, o no, estas iniciativas parlamentarias. La Ley deja claro que estas medidas hacia partidos políticos pueden promoverla tanto la Fiscalía del Gobierno como el Congreso y Senado.
Anunciado que tanto en el Congreso como en el Senado, Compromís promoverá medidas como la revisión del vigente Código Penal, entre otras.
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