La Fundación Francisco Franco se querellará contra Carmena

La organización anuncia que emprenderá medidas legales por la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar el Monumento al Alférez Provisional. La Fundación Francisco Franco anuncia que emprenderá medidas legales contra el Gobierno de Manuela Carmena por su decisión de retirar los monumentos franquistas, explicando que utilizará todos los cauces procesales: la vía penal, la contencioso-administrativa y la constitucional.

Dicha fundación responde así al hecho de que el Ayuntamiento de Madrid ha empezado la retirada de monumentos franquistas, en cumplimiento de la decisión del Pleno municipal del pasado 22 de diciembre, en el que se aprobó, con la oposición del PP, retirar de inmediato cinco placas y monolitos que honran a personas vinculadas al franquismo y más concretamente al hecho de que haya retirado el monolito al Alférez Provisional en la plaza de Felipe IV, que es lo más ha indignado a dicha organización, ya que consideran que el Consistorio ha actuado con «nocturnidad y alevosía».

Por ello, dicha organización ha colgado un duro comunicado en su web en el que califica la decisión de derribar el monolito como una medida “subrepticia”, de “fondo sectario y procedimiento ilegal. También arremete contra que la ley de Memoria Histórica a la que llama ley “falsaría” y de la que dice que “seria mejor llamarla de la “manipulación histórica”. Además, dudan que dicha norma tenga “encaje constitucional” por considerar que “pretende destruir la herencia cultural de nuestro reciente pasado y su legitimidad de origen, en un ejercicio obsceno de sectarismo talibán que suprime todo el legado político, económico y social del que trae causa la Constitución y el Estado que tenemos”.

También acusan al Ayuntamiento de “arbitrariedad” y revanchismo por lo que anuncian que utilizaran “la vía penal, contra quienes destruyan el patrimonio histórico/cultural de todos los españoles; la vía contencioso-administrativa contra quienes pretendan suplantar el callejero conforme a un adoctrinamiento ideológico, sin merito histórico alguno; y la constitucional, frente a una Ley, discriminatoria en lo político, sectaria en lo ideológico, destructiva en la convivencia y deslegitimadora en la práctica”.

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